La validez de la acusación constitucional

Camilo Escalona

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La sola presencia de los hijos de Sebastián Piñera, activos gestores de los negocios de su padre, en el avión oficial de Chile y en las reuniones habidas en la gira del gobernante a China, dio cuenta del ilegítimo lazo existente entre los intereses comerciales de la familia presidencial y el ejercicio de su condición de Presidente de la República. Sin recato exhibió su codicia.

Ese hecho e infinitas acciones más, en esa densa e intrincada red de sociedades de inversión superpuestas unas a otras para crear laberintos impenetrables par la autoridad fiscalizadora, burlar el Estado eludiendo el pago de impuestos y depositarse en el blindado escondite de su destino final, los llamados "paraísos fiscales". Lejos de las eventuales indagaciones de inspectores fiscales y comisiones investigadoras del Parlamento.

Se trata de una red de lazos y vínculos con que Piñera ha tejido una fortuna invisibilizada para la ciudadanía, que le posibilita ampliar y multiplicar sus nudos financieros desde el poder hasta crear una malla sobre el sistema económico, la misma que ahora lo ahoga al ser enjuiciado por su acción indebida y espuria en el caso Dominga, a través de la acusación constitucional.

El gobernante, aunque haya sido electo en votación popular, no puede pretender convertir el país en una sala de ventas de sus riquezas en provecho personal. Esa conducta es lo que aborda la acusación constitucional, con los antecedentes disponibles, porque es de la naturaleza del personero investigado que parte esencial del quehacer que consume su tiempo y devora el ingenio, precisamente, resulta ser el establecimiento de una armazón que impidiera ser descubierto y procesado por los organismos competentes.

No nos engañemos, con el control del caótico debate mediático, Piñera jamás pensó en ser enjuiciado. Quien lo pensara hace poco más de 2 años habría sido tratado de loco, era intocable, pero la situación giró en 180 grados por el estallido social. Ese es el hecho que puso a Piñera frente a la verdad y al abuso de poder, conducta que siempre realizó convencido que nunca tendría que hacerse cargo de ella, porque la impunidad fue su hábitat.

En consecuencia, la presentación de un ilícito constitucional en contra de Piñera no es la "degradación" de la política, como han señalado los críticos de la acusación, con una soberbia intelectual que sí resulta inaudita, pero con una posición totalmente benevolente hacia el enriquecimiento indebido y el deterioro de la estabilidad democrática a raíz de la corrupción.

No hay que tapar el sol con un dedo. Lo que se analiza no son hechos "mañosamente relatados", como se justificó Piñera días atrás, es el uso del poder estatal en beneficio personal, es decir, un fenómeno reiterado de abusos y malas prácticas que han socavado la gobernabilidad y ayudado a generar un descrédito sin precedentes de la política que ha llegado a dañar muy severamente el régimen democrático.

Tampoco se trata de "populismo", en rigor, este debate parlamentario es uno de los escasos temas en que no hay beneficios pecuniarios, como en los retiros del 10%, en el IFE, en los bonos que se aprobaban a inicios de año y que pasaron a ser permanentes, en fin, hay un largo etcétera en la materia. Muchas iniciativas legales han tenido o tienen ese carácter.

Por el contrario, en este caso el valor de la acusación constitucional es restablecer la acción política como una acción de interés nacional, así como la probidad y la honradez como esenciales en la conducta de la autoridad y en la legitimidad de la institucionalidad democrática, de modo que las 15 horas de lectura del diputado Naranjo valían la pena.

Asimismo, no es válida la idea de que el electo cuenta con 4 años de mandato que no pueden ser interrumpidos. No es así, por cierto, en concordancia a lo establecido en la norma constitucional. Desde la Constitución de 1833 así está establecido en Chile, cómo un resguardo o advertencia a tantos repugnantes abusos de poder de tiranos o sus aprendices.

Ese argumento fue esgrimido por el ministro de la Presidencia, quien demostró con ello que el cargo le fue asignado por ser parte de la élite oligárquica, pero que carece de la mínima cultura para ejercerlo. Las personas electas en la Presidencia de la República, o en cualquier cargo, no pueden hacer lo que les venga en gana por la simple razón de haber sido electas.

En todo caso, lo que sí es increíble es la pretensión de bloquear el ingreso de un diputado al Congreso Nacional, tal como se intentó hacer con el diputado Jorge Sabag, con ello, el Gobierno de Piñera mostró su peor cara, tenebrosa y descontrolada.

No han faltado afirmaciones que caen en lo canallesco al decir que la motivación de fondo de los parlamentarios fue defender la dieta parlamentaria. Hay medios que dan mucho eco a esos dichos, como si la función mediática de esos mismos difusores fuera "ad honorem". Así no se puede debatir nada.

Igualmente, que el ministro del Interior salga diciendo que la acusación constitucional crea inestabilidad es un "cuento del tío" muy añejo, demasiado. Los funcionarios del Gobierno debiesen idear algo más que lugares comunes que ya no asustan para defender a su cuestionado "jefecito". En rigor, reciben sus remuneraciones sin mayor esfuerzo.

En suma, se degradan las personas dotadas de autoridad que se someten y doblegan ante el uso perverso del poder en beneficio del gobernante de turno, eso sí es caer en un acto innoble que daña profundamente la democracia y el esfuerzo de alcanzar, con la más amplia participación ciudadana, una sociedad mejor.