Las responsabilidades políticas sobre el espionaje militar a civiles y uniformados

A pocos días de enterarnos de los graves hechos que involucran a las Fuerzas Armadas y la realización de espionaje militar sobre civiles, ex - uniformados y uniformados activos, todos vinculados en las denuncias de los casos de malversación de fondos y delitos asociados de ex - Comandantes del Ejército, el gobierno aún no asume su responsabilidad política por esta constante improvisación y escaso control democrático del ejecutivo sobre las FF.AA. 

Lo anterior debe ser situado en el contexto en que se está investigando, por parte de la justicia, la malversación de recursos fiscales por parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, proceso judicial que no ha estado exento de problemas producto de la intromisión de otro órgano del Estado como es el Tribunal Constitucional. 

La opacidad por parte del ministro Alberto Espina frente a este conflicto y al sinnúmero de casos de los que nos hemos enterado, es muy preocupante; se evidencia una clara responsabilidad política que esperamos no sea nuevamente traspasada a la propia oficialidad del Ejército. Ya es momento que el propio gobierno asuma su responsabilidad frente a la deficitaria conducción política en materia de defensa nacional. 

Pareciera que el foco de lo coyuntural y mediático es lo que marca la agenda del gobierno, incluso en los temas de interés nacional, como es este caso, que vulnera los principios básicos de la democracia.

En contraste, el ministerio de Defensa Nacional publica el decreto que oficializa acciones de las FF.AA. en actividades de combate al narcotráfico, dejando fuera de foco los graves hechos de corrupción que las afectan gravemente. 

La vulneración de derechos de los denunciantes, acerca de los ilícitos cometidos en el Ejército, no puede ser tolerada, no sólo por la libertad de expresión, sino que además por el precedente que se manifiesta.

¿Cuántas otras operaciones de inteligencia se han llevado a cabo, de las cuales no nos hemos enterado y que implican a civiles que en ningún caso colocan en peligro la seguridad nacional, sino más bien son ordenadas a partir de intereses particulares, e incluso más grave, a partir de intereses institucionales respecto a doctrinas que deberían haber sido superadas en democracia? 

No es posible, pero tampoco es casual, que respecto de los denunciantes se establezca a priori intencionalidad que afectaría la seguridad nacional, mientras se desarrolla un caso judicial en el cual no existe sentencia.

La tesis de que los casos de malversación de fondos son aislados, se ha demostrado errada, y coloca en tela de juicio la vulnerabilidad de las FF.AA. frente a incentivos económicos.

El cambio cultural de nuestras Fuerzas Armadas debe ser profundo, el permitir este tipo de situaciones no es tolerable, así como no es tolerable la irresponsabilidad política con que ha actuado el Ministro. 

Esta falta de conducción del ejecutivo al respaldar, en su actuar, al servicio de Inteligencia del Ejército, por medio de una supuesta legalidad, pone en peligro también los acuerdos a los cuales se llegó con la nueva ley de financiamiento de las FF.AA., respecto a la cual el gobierno se comprometió a tomar medidas y crear instancias para su efectivo control en relación al gasto y las políticas de Defensa en base a potestades democráticas. 

En este sentido es muy importante que la oposición esté en una permanente alerta, respecto de los futuros pasos que dará el gobierno, respecto a sus compromisos y las irregularidades que siguen ocurriendo en las instituciones armadas. 

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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