Licencias falsas, horas extras, contratos inflados e informalidad: la pesada carga que arrastramos

Alejandro Kusanovic

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Las recientes investigaciones lideradas por la Contraloría General de la República, a cargo de Dorothy Pérez, han sacado a la luz un problema que muchos sospechábamos, pero cuya magnitud era difícil de probar. Mediante el cruce de datos entre licencias médicas y registros de viajes al exterior, se pesquisó una realidad alarmante: más de 25.000 funcionarios públicos abandonaron el país mientras estaban con licencia médica.

Este número, que no incluye los traslados dentro de Chile, ni a los trabajadores del sector privado, es solo la "punta del iceberg" de un problema altamente sistémico que todos intuíamos, pero que ahora queda al descubierto de forma irremediable.

Como si esto fuera poco, una investigación del diario La Segunda reveló otro escándalo en el sector público: el abuso en el pago de horas extras en el sector público. Algunos funcionarios han registrado hasta 100 horas extras mensuales, acumulando ingresos adicionales de hasta 2 millones de pesos en un solo mes y, en casos extremos, hasta 11 millones de pesos anuales. Este nuevo "iceberg" evidencia una fiscalización y falta de control abismante, que termina erosionando aún más la confianza en las instituciones públicas.

Esto, se debe sumar al rol de los médicos que emiten licencias falsas es igualmente preocupante. Estas prácticas no solo afectan la ética profesional, sino que también contribuyen al aumento de los costos de la salud, impactando directamente a todos los chilenos. Surge entonces la pregunta: ¿Qué sanciones enfrentarán estos profesionales por su complicidad en este fraude?

Lamentablemente los problemas no terminan ahí. Queda aún pendiente investigar y escudriñar sobre las licitaciones de trabajos, servicios y asesorías que deberían ser realizados por los propios funcionarios del Estado, pero que -como en muchos casos- se externalizan innecesariamente, aun cuando, responden a una función pública. Este es otro "iceberg sumergido" que, tarde o temprano, debe salir a flote.

Mientras todo esto ocurre a los ojos de las autoridades competentes de Gobierno, el ciudadano común sigue pagando las consecuencias de estos fraudes y abusos a través de sus impuestos, que solo recaen sobre aquellos que operan en la formalidad. Lo que deja entrever otro mal que nos persigue: la evasión tributaria. Esta alcanza 35% debido al avance de la informalidad -impulsada en parte por la masificación de las comunicaciones en la última década-, agrava aún más la situación. Aunque este tema merece un análisis aparte, refleja la complejidad de los desafíos que enfrenta el país.

En conclusión, los chilenos no podemos seguir tolerando este nivel de negligencia y falta de transparencia. Es urgente modernizar el Estado, implementar controles más estrictos y aplicar sanciones ejemplares a quienes quebranten las leyes y a quienes no las hagan cumplir. Si no ponemos freno a este "cantinfleo" institucional, corremos el serio riesgo de que termine quebrantando de una vez por todas la confianza al orden institucional y el bienestar de nuestra sociedad.