Mejores pensiones, si se quiere, se puede

José Miguel Insulza

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Se discute en el Congreso una iniciativa para que, por segunda vez, los cotizantes de AFP acudan a sus ahorros para enfrentar la caída en sus ingresos. Si bien la pandemia COVID 19, manifestada en altas tasas de desempleo, sigue afectando la economía de los hogares, reponer esta propuesta obliga a una reflexión más amplia y compleja.

Al respecto, quiero hacer presente, entre muchos otros puntos que el propio debate irá abriendo, que esta medida no incluye a los pensionados IPS ni a quienes aún cotizan en el sistema antiguo. Los pensionados alcanzan casi a cuatrocientas mil personas, que se multiplican en su impacto social si se considera el aporte que el ingreso de estas personas significa para sus familias. En ese caso, sin duda, nos estamos refiriendo a más de un millón de personas. 

Por qué expreso esta preocupación. Porque el 80% de esas cuatrocientas mil personas reciben una pensión inferior a $200 mil, y por tanto forman parte, en una proporción significativa, de la población vulnerable que ha sido más afectada por la pandemia.

No quiero pasar por alto dos cuestiones muy relevantes de este problema y que se vinculan claramente con la discusión más general a propósito de la Reforma Previsional. La primera que se trata de pensionados que, aunque hayan cotizado en distintas cajas, corresponden todas al sistema que funcionó generalizadamente hasta 1980 y que, con más o menos ajustes al concepto, son representativas de la modalidad que hoy, en la discusión acerca de la seguridad previsional, se designa como sistema de reparto.

Por tanto, cabe compartir con quienes de manera entusiasta lo repiten, que las cajas, o su administrador el IPS, no administran el ahorro de sus cotizantes, sino que, un ahorro colectivo, que es de todos, y de nadie en particular.

La segunda cuestión, tiene que ver con la responsabilidad del Estado, con relación a cómo calcula esas pensiones.

Vale decir, el problema para que los pensionados pudieran acudir a sus ahorros, producto de sus cotizaciones, no es solo que el dinero destinado a pensiones en el presupuesto de la nación no es de su propiedad particular, sino que, además, estos pensionados no forman parte de quienes definen cómo se hacen esos cálculos. Por lo que cabe concluir que el problema que a continuación enuncio ha sido una falla del Estado que tiene un origen determinado.

En efecto, en dictadura, como parte de la imposición de las AFP, materializada a través del DL 3500, vino aparejada la promulgación el DL 3501, que, en su artículo cuarto, estimó que correspondía descontar a las pensiones un porcentaje de alrededor de 18%, por efecto de una medida que adoptaron las autoridades económicas de la época, con el propósito de estimular la incorporación de los trabajadores a las AFP.

Desde esa fecha hasta el presente, a las pensiones del IPS, se les ha descontado, sistemáticamente, un 18% del monto que les habría correspondido como jubilación; porcentaje que actualmente y, por cierto, desde hace años no tiene justificación alguna.

Entonces, a propósito de hacer justicia con los pensionados, no estaría de más que pudiéramos llegar a un acuerdo, tanto entre los miembros de la oposición, como con el Gobierno, para restituir en el pago de las pensiones a esas cuatrocientas mil personas, el porcentaje perdido.

Quiero ser claro en afirmar que una medida de este tipo es posible de llevar a cabo y además de manera pronta, puesto que podría operar desde la fecha en que se acuerde derogar el artículo citado.