Milicogate, mucho más que cabos sueltos
Parece una trama engorrosa, llena de personajes y episodios novelescos. Pero la realidad supera la ficción.
El llamado caso Milicogate no deja de asombrar y, después de cinco meses de trabajo en la comisión investigadora, suman y siguen los antecedentes.
Más de 6 mil 600 millones de pesos son los defraudados, pero no se descarta una cifra mayor. Sólo el cabo Juan Carlos Cruz fue capaz de gastar, recibiendo un sueldo no superior a los 600 mil pesos mensuales, alrededor de 2 mil 400 millones de pesos en apuestas en el Casino Monticello. Pero no sólo hay cabos sueltos, ahora se suman altos mandos.
Más allá de las responsabilidades civiles o administrativas que los órganos competentes, como el Ministerio Público y la Corte Marcial puedan establecer, nuestra función como fiscalizadores es establecer las responsabilidades políticas y de mando que se configuran en, a esta altura, uno de los más grandes escándalos producidos en el Ejército en democracia.
Ya está claro que fallaron todos los supuestos sistemas de control, a mi juicio inexistentes; como también todos los sistemas de inteligencia que operan al interior de la institución.
Por esto, y varios hechos más, la presencia del ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, es relevante para nuestra comisión investigadora. Ello, porque fue precisamente durante su gestión al mando de la Institución, cuando se produjeron los hechos. Entre 2010 y 2014, sus subordinados defraudaron al Ejército en varios miles de millones de pesos que fue a parar a casinos, fiestas y bienes mal haber.
Sin embargo, el General® Fuente-Alba se excusó de asistir. Hoy, a la luz de nuevos hechos, ahora vinculados a su patrimonio, su asistencia es imperiosa, especialmente porque la opinión pública merece una explicación.
Si bien aún no existen antecedentes que vinculen directamente el fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército con el patrimonio del General® Fuente-Alba, el país se merece una explicación en dos sentidos.
¿Cómo un General de la República, con un sueldo no superior a los 4 millones de pesos, fue capaz de obtener dicho patrimonio?, y más importante aún ¿cómo no fue capaz de advertir que bajo su mando se estaba produciendo un fraude de esta magnitud?
Hay demasiadas preguntas por responder. El ex comandante en jefe no puede pensar que con una escueta declaración escrita entregada a los medios el tema se solucione. Tiene que asistir a la comisión y entregar su testimonio.
Finalmente, a estas alturas, nos hemos formado la convicción que con urgencia se requiere una modificación al actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que ya no se sostiene.Se trata de sacar a la Ley Reservada del Cobre de las “cajas fuertes” en las que se encuentra “resguardada” en distintos organismos para que una vez que sea pública podamos dar un debate serio y transparente de cara a la ciudadanía para modernizar el sistema de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Ni la reserva, ni el secreto, ni las “cajas fuertes”, fueron capaces de impedir que un grupo de militares, apartándose de los valores que la gran mayoría de nuestros uniformados practican diariamente, le robaran al Estado más de 6 mil 600 millones de pesos.
No más opacidad, ni secretismos.
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