Ministro, respeto al Poder Judicial

Gabriel Ascencio

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Uno de los sustentos principales del funcionamiento de la democracia, tiene que ver con el viejo principio de Montesquieu, la separación de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, legislativo y  judicial.

Ello genera una obligación para los ocupantes de los roles, en cada uno de ellos, que les impide, de cualquier modo, intentar inmiscuirse en las potestades de otro poder y, obviamente, el desarrollar acciones o declaraciones, que tiendan a inhibir la capacidad de alguno de estos, para el normal desarrollo de su tarea.

Por esto no parecen aceptables los dichos del ministro del Trabajo acerca del fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a la reclamación de María Angélica Ojeda, mujer jubilada, que reclama la propiedad de sus fondos previsionales, recurso que, además, ha sido unánimemente acogido a trámite por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional.

La reclamación se produce toda vez que, luego de percibir una renta de 1.2 millones de pesos y cotizar en una AFP, por 30 años, solo obtiene 180 mil pesos de pensión, por lo cual reclama el poder retirar los 46 millones de pesos que acumuló en sus años de cotización.

En relación a este fallo, el Ministro del Trabajo ha señalado que, “en este caso, la corte debió antes de rechazarlo, enviarlo al TC, en mi opinión, sostener que es inconstitucional una ley que obliga que esos recursos se usen para pensiones no tiene fundamento, no ha tenido fundamento en el pasado, ni lo tendrá en el futuro, porque precisamente lo que la ley garantiza es que ese ahorro es del trabajador y es para garantizarle una pensión en sus años de vejez".

Luego, el Ministro agregó que “esto busca más una acción política que una acción legal con fundamento, y no me gusta cuando se usan los tribunales de justicia para presentar posturas cuando en esta materia tenemos que ser serios". 

He aquí lo complejo. El Ministro señala lo que el Tribunal de alzada “debiera hacer” y, peor aún, califica el reclamo de “acción política sin fundamento”; o sea, la Corte de Antofagasta habría fallado, a favor de la requirente, una presentación sin fundamento legal, lo que representa una aseveración grave, que atenta en contra de las prerrogativas de esa Corte y que, por cierto, resulta impropia de un Ministro de Estado, representante del poder ejecutivo.

Es entendible que el Ministro defienda con pasión el sistema de AFP, creado en dictadura por el hermano del actual presidente de la república, en cuyo gabinete sirve.

Sin embargo, lo que no parece conveniente, por lo menos así debiera ser en la práctica democrática, que ello lo lleve a formular declaraciones que lesionan, sin ninguna duda, la independencia del poder judicial. 

La historia nos ha enseñado, con mucha dureza, lo que deviene al empezar a transitar el camino del debilitamiento del poder judicial.

Este alegato, que algunos hacen con fuerza, cuando se evalúa el funcionamiento de otros regímenes de la región, debiera invitar, al ministro del Trabajo y otras autoridades del gobierno, a ser muy cuidadosos para no cruzar la frontera entre poderes independientes, como requisito fundamental para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho.