El plutócrata y financista ultraconservador Carlos Larraín decidió copiar lo nefasto y declaró que al gobierno del Presidente Boric había que "apretarlo hasta hacerlo gritar", de ese modo utilizó el mismo criterio usado por Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en 1970, cuando a escasos días de ser electo el Presidente Allende instruyó la intromisión norteamericana en Chile, ordenando que el inmenso poderío de sus organismos de intervención debía hacer "aullar" a la economía chilena.
Así, en cosa de días la orden de Nixon, ejecutada por la CIA, se materializó en la acelerada formación de un comando de ultraderecha que intentó el secuestro del comandante en Jefe del Ejército, general Rene Schneider, cuyo irrestricto respeto a la Constitución impedía un golpe de Estado como ya propiciaba la extrema derecha. Esa acción terrorista terminó con el asesinato de la primera jerarquía institucional castrense, conmoviendo a Chile entero por su extrema irresponsabilidad y aventurerismo.
En las fuerzas políticas esa injerencia imperial de Nixon es ampliamente conocida, de modo que el oligarca chileno Carlos Larraín parece querer imitar sus palabras confirmando que la patria para este grupo conservador sólo existe como factor de sus intereses de dominación y no como la expresión compartida de objetivos comunes por una comunidad social y cultural que habita en un mismo territorio.
La intervención norteamericana fue febril e inescrupulosa, y en mil días llegó al objetivo, el Presidente Allende fue derrocado y a la izquierda chilena se le trató de aniquilar a través del genocidio ideológico que intentó la dictadura. Fueron los años felices de Carlos Larraín, como parte decisiva de los salones del poder dictatorial. Chile quedó aislado, débil cómo nunca, la crisis de los años '82 y '83 lo extenuó al máximo por sus brutales efectos. Los más ricos se salvaron trasladando todo el costo social al país.
Es irrebatible que la patria de la derecha ultraconservadora radica en su exclusivo beneficio mercantil, no tiene otro propósito ni proyección. Por eso no les importa proclamar que pretenden apretar al gobierno hasta hacerlo "gritar", no está en sus preocupaciones que el resultado de ese boicot el país sufra un daño o retroceso que afecte gravemente a la población.
Por lo demás, en época de crisis los grupos financieros y la especulación bursátil se adaptan para sortear obstáculos, montar negocios oportunos y obtener fortunas de la noche a la mañana, los oligarcas agrandan sus posesiones y patrimonio con los negociados que se facilitan con el caos y el desorden de una crisis institucional.
En consecuencia, el lenguaje destemplado de Carlos Larraín está expresando sus propios y menguados propósitos, polarizar para sacar "a río revuelto ganancia de pescadores". Es la misma conducta que tuvo el denominado grupo financiero "Cruzat-Larraín" en la inmensa crisis económica de 1982-83. Esta vez, el mismo apellido no es casualidad.
En esa crisis, las cuantiosas operaciones financieras de un puñado de especuladores financieros derivaron en el estrepitoso derrumbe de la economía nacional. El reinado neoliberal castrense se convirtió en un infierno para la población.
La farra la pagaron millones de chilenos y chilenas que se empobrecieron, cayeron en la cesantía, perdiendo sus bienes y propiedades y fueron brutalmente reprimidos para quebrantar la protesta social que estremeció a Chile.
Finalmente, durante décadas, el conjunto del país estuvo pagando la operación de salvataje de la banca que ordenó Pinochet, de acuerdo a su burda, pero terminante instrucción de que "hay que cuidar a los ricos". Millones de familias estuvieron con el cinturón apretado para pagar el compromiso del orden dictatorial con los grandes intereses transnacionales.
Ahora quieren lo mismo. Es lo que está detrás del exabrupto de Carlos Larraín, como ve un escenario inestable en América Latina, en lugar de que el Presidente Boric concrete reformas en beneficio del conjunto del país, como la tributaria y la de pensiones, llega con el mismo pliego con que los oligarcas arrinconaron al dictador en 1982: lo que el Estado tiene que hacer es "cuidar a los ricos".
Sin embargo, la dignidad de la nación no se remata ni se vende, hoy hay democracia y un Presidente con el valor necesario para que prime la voluntad ciudadana. El Estado debe servir al interés nacional, esa es la gran tarea. Así, la política recobrará su dimensión constructiva y su legitimidad social.
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