Paz, según la comisión
A veces da la impresión de que ciertas comisiones observan la realidad desde una perspectiva muy distinta a la que viven muchos chilenos. El reciente informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, presentado con solemnidad y entusiasmo por el Gobierno, parece elaborado desde un país donde no se escucharon balas al amanecer en Ercilla, donde no se han incendiado camiones en Lautaro ni se han vulnerado derechos humanos básicos en Collipulli. Un país bien intencionado, pero que corre el riesgo de estar demasiado alejado de los hechos concretos que enfrenta la Macrozona Sur.
El informe propone la restitución de 377.334 hectáreas, con un valor aproximado de US$ 3.110 millones, junto con la creación de zonas francas indígenas, una agencia estatal nueva y un tribunal arbitral, que suena a utopía fiscal y política. Todo esto envuelto en una bruma en la que no se plantea claramente cómo se enfrentará una de las primeras situaciones de emergencia: los grupos que hoy controlan territorios a sangre y fuego. Porque sí, aunque a algunos les incomode decirlo, hay violencia, y hay terrorismo, y el Estado no está ejerciendo soberanía en vastas zonas del sur.
La Multigremial de La Araucanía ha sido tajante: hay más de 12.700 hectáreas donde ni el Estado, ni los servicios públicos, ni los ciudadanos pueden entrar sin correr riesgo de muerte. ¿Qué propone la comisión frente a eso? Más entrega de tierras. Más ambigüedad en la relación de igualdad ante la ley de todos los chilenos. Más perpetuación del conflicto.
La gravedad de la situación en la región amerita que seamos claros: paz sin ley no es paz, es claudicación. Y restitución de tierras sin control del territorio no es justicia, es premiar al que amenaza con armas y desprecia el diálogo real. No se puede hablar de entendimiento cuando el fuego sigue consumiendo camiones, maquinarias, templos, escuelas rurales y centros productivos.
El sur necesita soluciones, sí. Pero soluciones que pasen primero por restablecer el Estado de Derecho. Cualquier política pública -ya sea de reparación, de desarrollo o de autonomía cultural- se vuelve una farsa si se implementa en un territorio tomado. Es como construir una casa sin cimientos en medio de un terremoto.
Reflexionemos con honestidad. No se trata de negar apoyo y ayuda a diversas necesidades de las comunidades indígenas. Tampoco se trata, como dijo una diputada oficialista, de no "saber convivir con la diferencia". Se trata de tener el coraje de decir que sin orden no hay justicia. Y que la paz verdadera no se escribe en un informe, sino que se construye -con firmeza y responsabilidad- en el terreno. Porque mientras algunos celebran informes en La Moneda, en Temucuicui siguen mandando otros.
¿Quién gobierna Temucuicui? Esa es la pregunta que la comisión no respondió. Y que todos deberíamos hacernos.
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