Pese a todo, a votar en las municipales

Antonio Leal

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No hay duda que esta elección municipal se realiza en medio de una crisis de credibilidad de la política, los políticos y las instituciones y con una ciudadanía desconfiada, molesta, pesimista respecto de su futuro y el del país, todo lo cual se revierte en apatía electoral y en un creciente desinterés por participar en elecciones e iniciativas promovidas por el poder público.

Esta tendencia no se observa solo en Chile, es más bien global y dice relación con la pérdida de peso de la política en la vida de las personas, en la creencia generalizada que ella no es capaz de frenar el creciente poder y los abusos del mercado y en la convicción de que los políticos utilizan el poder que les entrega la ciudadanía para cuidar sus intereses personales. La corrupción en la política, la influencia del dinero privado en la elección de los representantes y en la toma de decisiones de las autoridades es un  detonante de una ciudadanía indignada que se desliza hacia un creciente apoliticismo.

En Chile se expresa este malestar y el alto desinterés en participar de esta política en una creciente abstención electoral que acompaña al sistema político desde hace un par de decenios y al cual el acto mecánico de la inscripción automática de los electores, con el cual los políticos creyeron responder a esta crisis de participación no ha resultado porque la propia política ha desmejorado su calidad, los partidos y los representantes a los que la ciudadanía entrega su voto en las elecciones, los han transversalmente defraudado con boletas ideológicamente falsas, cohecho, tráfico de interés y otras formas de ilegalidades que acrecientan la desconfianza y generan la sensación de una “clase” política que vive en su propio mundo, autoreferente, alejada de la sociedad y preocupada de obtener prebendas personales y no de representar a quienes los elijen.

Este escenario se agrava con el “descubrimiento” de que cerca de 500 mil electores han sido cambiados de su domicilio electoral, en la mayoría de los casos de manera arbitraria, sin consultar expresamente al ciudadano donde quería votar como lo establece la ley, por parte del Registro Civil desde el año 2013, es decir bajo las administraciones de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, sin que las autoridades hayan reaccionado a tiempo para corregir un acto de extrema ilegalidad que perjudica la participación de los ciudadanos en las elecciones.

Este hecho tiene dos repercusiones inmediatas: muchos de los trasladados de sus domicilios electorales no votarán y en quienes no han sido afectados directamente aumenta la sensación de que las instituciones no funcionan y, por ende, que es mejor abstenerse de participar en el acto electoral de este domingo.

La reacción del Registro Civil, del servicio Electoral y del propio gobierno ha sido tardía, rayando en la desidia total de autoridades que solo a una semana de las elecciones deciden enviar un proyecto de ley para permitir que las personas voten en sus nuevos o antiguos domicilios electorales, sin consensuarlo con un parlamento que no estuvo disponible a asumir la responsabilidad de un hecho que también lo involucra ya que las fiscalizaciones que hoy se anuncian debieran haberse hecho con antelación, para denunciar y corregir, y no expos, para perseguir responsabilidades políticas que es lo que la Cámara de Diputados está llamada a hacer frente a errores de los órganos públicos.

Es difícil entender porqué el gobierno no evaluó en el momento oportuno que este hecho tendría un efecto político nocivo y que la propia Presidenta Bachelet, entrevistada hace un tiempo, haya señalado que los electores dispondrían de la información de donde deberían votar, en consecuencia de que para muchos, el cambio de domicilio electoral ha sido de una ciudad a otra, pero, sobre todo, que el registro Civil cometía un acto de ilegalidad abierta al trasladar a una persona sin consultar su opinión como exige la ley.

Es decir, se avaló una ilegalidad, se bajó el perfil a un hecho que aumenta claramente la abstención electoral y se respondió a último minuto, cuando el incendio en la pradera era difícil de ocultar, con un proyecto de ley que era previsible estimar que no sería aprobado por el parlamento, tanto que debió ser retirado por el ejecutivo 48 horas después de su presentación, pero que además tenía visos claros de inconstitucionalidad ya que permitía que una persona pudiera sufragar en dos lugares.

Lo que más molesta, sobretodo a los que apoyamos a este gobierno y a la Presidenta Bachelet en sus intenciones de cambios estructurales, es la desidia y el daño electoral que este acto irresponsable traerá a la Nueva Mayoría en términos de abstención, que será seguramente como se exprese la molestia y la desazón de ciudadanos que tradicionalmente votan al pacto de  gobierno , y la demostración de que no hay, de parte de quienes deben dar conducción política al país, una capacidad para enfrentar y resolver los problemas y para leer con precisión las múltiples dificultades que vive el país.

Esto queda, además demostrado, en el improvisado cambio ministerial realizado a 48 horas de las elecciones municipales y que no da ninguna señal de rectificación, de cambio de rumbo en la conducción política que es la mayor debilidad del gobierno y sólo hace recaer enteramente la responsabilidad de los hechos en la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que tiene por cierto responsabilidades dado que el Registro Civil está bajo su supervisión, pero que claramente no resuelve el tema de fondo y crea aún mayor confusión en la opinión pública.

Justo en el momento en que las encuestas mostraban una leve recuperación de adhesión ciudadana a la Presidenta Bachelet, lograda por su enorme esfuerzo personal y por una clara recuperación de su estado de ánimo que se trasunta en el optimismo y la empatía de sus apariciones públicas, estos hechos vuelven a colocar al gobierno  a la defensiva. El gobierno devora con extrema facilidad sus propios veranitos de San Juan, tal como hace incomprensibles para los ciudadanos el contenido de las importantes reformas estructurales que lleva a cabo.

En tanto, la oposición, en todo este conflicto, demuestra solo mezquindad y oportunismo. Todo su discurso y accionar, lejos de contribuir a resolver un problema que inicia como hemos dicho en el gobierno de Piñera el 2013, intenta responsabilizar de todo al actual gobierno creyendo que provocando una debacle pueden captar votos para sus candidatos. Es más, ya hay algunas voces en la derecha que intentará, a lo Trump, frente a lo que es una probable derrota, de alegar un fraude completamente inexistente. Demuestran que no tienen una visión de Estado, que con estas actitudes irresponsables no están habilitados para volver a gobernar el país.

Es curioso que los partidos de Chile Vamos no adviertan el grado de desprestigio con que enfrentan esta elección. De hecho perderán en porcentaje de votos, en número de concejales y alcaldes elegidos. Pero advierto que nadie ganará si la abstención, como prevén muchos analistas y algunos estudios de opinión, se empina a más del 65% de los electores. Perderá el país y sobretodo la actual “clase” política en su conjunto ya que se agregará un nuevo ladrillo al muro de la legitimidad limitada de las instituciones.

Por si fuera poco, estas elecciones se enfrentan en el anonimato total de los candidatos y de las opciones políticas y programáticas en juego. La nueva ley que regula las elecciones tiene grandes virtudes, limita el gasto electoral, impide el ingreso de recursos de las empresas a las campañas, las hace más transparente.

Sin embargo, como lucidamente señala la socióloga Marta Lagos, “se combate la corrupción limitando la competencia” ya que en un país acostumbrado a estridentes campañas de palomas y rayados, y con una incapacidad de candidatos y partidos de entregar sus mensajes utilizando inteligentemente la potencia de las redes sociales, esta elección se ha tornado invisible y si no fuera por la polémica del desaguisado provocado por el Registro Civil solo los militantes y los más avezados sabrían que hay elecciones este 23 de noviembre. De hecho, salvo los candidatos a alcaldes más conocidos, nadie sabe quiénes son los candidatos a concejales, menos cuáles son sus propuestas para el gobierno comunal.

Pese a todo, hay que concurrir a las urnas y ejercer el derecho a voto duramente reconquistado en la lucha contra la dictadura.

La abstención de la apatía y del pesimismo marca poco, la interpretan los analistas y los políticos. Votar significa comprender que, con todos sus límites, la democracia es enormemente superior a cualquier dictadura o régimen populista de cualquier signo.

Significa mantener abierta la esperanza de un país mejor, con instituciones sólidas, partidos políticos transparentes y conectados con la ciudadanía y con ciudadanos que ejercen un derecho irrenunciable de elegir a sus autoridades.