Piñera lo hizo mal en materia de ciudad

Poco tiempo le queda a Piñera ejerciendo el poder ejecutivo y si bien es cierto en materias de control de la inflación, de índices de empleabilidad y crecimiento económico tuvo un reconocido éxito, en el ámbito de las políticas públicas asociadas a Vivienda y Urbanismo fue un desastre a pesar de la vocinglera Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) firmada por él a fines de octubre pasado.

Daremos solamente algunos pocos ejemplos de iniciativas gubernamentales que contravienen su propagandística PNDU, documento éste que es necesario decirlo, es solo una especie de hoja de ruta para iniciar los cambios legales y reglamentarios que posibilitarán el desarrollo urbano sustentable y democrático en todas las ciudades del país.

Vamos al grano.

La ley ambiental Nº 19.300 decía que en las zonas latentes o saturadas de contaminantes, existieran o no Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), los proyectos inmobiliarios conforme a ciertas cuantificaciones fijadas en el respectivo Reglamento, debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de Declaraciones o Estudios.

Los titulares de los proyectos, para hacerle el quite a la correcta evaluación, presentaban ante la Conama simples Declaraciones, pero al fin sus proyectos contaban con resoluciones por parte de la autoridad competente.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial un nuevo reglamento del SEIA, en donde se repite que tales proyectos inmobiliarios a ejecutarse en zonas contaminadas tienen que someterse al SEIA, pero más adelante dice que se exceptuarán de la evaluación ambiental esos proyectos si las zonas descritas, cita textual, “cuentan con un plan de prevención o descontaminación vigente”.

Es decir, estamos ante un evidente e injustificado retroceso que perjudicará aún más la calidad de vida de todos aquellos que residen en ciudades con mala calidad del aire, aunque este ardid reglamentario facilitará la tramitación de los grandes proyectos inmobiliarios, es decir, el gobierno actual está ayudando a los más poderosos inversionistas, sin importarle siquiera que sus proyectos generen riesgos para la salud del resto de los habitantes.

El 12 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficio un burlesco Decreto del Minvu que cambió radicalmente ciertos aspectos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ello para destrabar ciertos proyectos que no cumplían con las normas urbanísticas, con el agravante de que se tramitó en absoluta reserva al interior del gobierno.

Este Decreto en su versión final contenía “hojas rectificadas” porque en su tramitación sufrió diversos cambios requeridos por la Contraloría General de la República (CGR) para poder tomar razón del mismo.

En nuestra condición de conocedores de esta mala práctica, le entregamos todos los antecedentes probatorios a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados para que, citando al ministro del ramo, e invitándome a mí como denunciante, analizara el comportamiento del Minvu en la gestación del aludido Decreto.

Dicha Comisión sesionó y nunca supimos si el ministro Rodrigo Pérez asistió y dejamos en claro que los diputados optaron por no invitarme, posiblemente para no escuchar ciertas verdades que los iban a incomodar.

En razón a que este Decreto es ilegítimo en todo sentido esperaríamos que se dejara sin efecto y si ello no sucede, por lo menos dejamos en esta tribuna el testimonio de que ese acto administrativo está totalmente viciado.

Con ocasión del enorme terremoto del 27/02/10, movimiento sísmico que produjo un maremoto de proporciones en ciertas comunas, la Armada de Chile, con criterio preventivo, se ha preocupado de confeccionar cartas de inundación en los bordes costeros del país, las que como factor de riesgo deberían reflejarse en los distintos Planes Reguladores Comunales (PRC) para evitar futuras desgracias.

Para soslayar la engorrosa tramitación de cambios en los PRC en los sectores costeros de las comunas que enfrentan el mar, el Minvu había decidido que esta materia estuviera reflejada en la OGUC ya que esta reglamentación es de alcance nacional, pero inexplicablemente esto no ha sucedido.

Por algún motivo que se desconoce, esas cartas de inundación elaboradas con profesionalismo por los marinos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) duermen en oficinas públicas y es más, la CGR ya ha sido consultada por el consejero regional de Valparaíso, Manuel Millones, y otros tantos, para que se pronunciara si esas necesarias cartas se debían incorporar a la regulación urbanística, sin que el ente fiscalizador haya emitido un dictamen hasta esta fecha. Por lo tanto, estamos ante una negligencia inexcusable y las autoridades optan por la mudez total.

A pesar de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) no considera la planificación por condiciones, sino tan solo por zonificación, el gobierno insistió majaderamente ante la CGR con el propósito de que tomara razón de una expansión urbana en esta saturada región consistente en cambiar el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas, luego aptas para actividad inmobiliaria con condiciones.

Que la pérdida de estos territorios agrícolas, catalogados como suelos clases I y II por el ministerio de Agricultura, no le haya interesado mayormente al gobierno no es sorpresa, ya que su único interés era proceder de acuerdo al deseo de los poderes fácticos que pedían el cambio.

Un porcentaje de esos terrenos agrícolas, en poder de personas jurídicas y naturales, se habían acogido anteriormente a las subdivisiones prediales establecidas en el DL 3.516 que originan predios rústicos de 0,5 hectárea, los que, por mandato legal, no pueden modificar sus usos de suelo, es decir, obligatoriamente deben mantenerse como agrícolas, lo que el gobierno y especialmente el Minvu, impulsor del cambio, conocían sobradamente.

Este cambio normativo fue posible gracias a la ayuda administrativa que le brindó la CGR al gobierno, ello a pesar de que el ente fiscalizador conocía las diabluras cometidas por el servicio público interesado en la modificación que entregará atractivas plusvalías patrimoniales a los privados que la solicitaron.

Sería sensato que el gobierno de Bachelet analice en su mérito los casos reseñados con el objetivo de que se vuelva a la normalidad institucional y en tal sentido los nuevos ministros sectoriales asuman en plenitud sus roles conductores.