Politiquería en torno al 27 de febrero

Este gobierno no aspira a ganar respetabilidad ante los ciudadanos. Se conforma con mucho menos. Por ejemplo, obtener un par de puntos más en la próxima encuesta. La visión de Estado no es algo que preocupe demasiado a sus representantes.

Es lo que se desprende de las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sobre las responsabilidades del gobierno de la Presidenta Bachelet respecto de los errores sobre el alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010. Hinzpeter dio a entender que las responsabilidades políticas deben cobrarse en la próxima elección.

Luego de la resolución de la fiscal Solange Huerta de presentar cargos en contra de ocho personas, entre ellas el ex subsecretario del Interior y la ex directora de la Onemi, algunos parlamentarios de la derecha – el senador Víctor Pérez, cómo no-, han mostrado sus cartas con motivo del segundo aniversario del terremoto y maremoto.

Es el mismo libreto de Hinzpeter: desacreditar como sea a Michelle Bachelet para que baje en las encuestas.

¿Le importa a la coalición gobernante poner el acento en las enseñanzas que dejó la catástrofe a nuestro país? ¿Apurar la reconstrucción? Nada de eso que. Sólo sacar pequeñas ventajas.

La investigación judicial sobre lo ocurrido es, por supuesto, absolutamente necesaria. Pero debemos defender el debido proceso. Las personas formalizadas tienen derecho a defenderse.

La verdad es que el sismo 8,8 de la escala de Richter lo desarticuló todo o casi todo en pocos minutos. El gobierno de entonces quedó casi sin comunicaciones en las primeras horas y tuvo enormes dificultades para medir la magnitud de la desgracia.

Que la primera petición de la ex Presidenta Bachelet al gobierno estadounidense haya sido el envío de teléfonos satelitales lo dice todo. Por desgracia, el organismo especializado en materia de tsunamis, el SHOA, que depende de la Armada, falló estrepitosamente en un momento crucial.

La catástrofe dejó muchas dudas sobre la capacidad de reacción de las FF.AA. en situaciones de este tipo. Todo un símbolo fue que la FACH no tuviera a tiempo un helicóptero para la Presidenta de la República.

El sismo puso también un signo de interrogación sobre el nivel de la infraestructura científica y tecnológica de Chile en esta materia. Dejó al descubierto la fragilidad de los gobiernos regionales. Hubo desorden, confusión e incapacidad en varios niveles.

La verdad es que el conjunto del Estado mostró serias falencias. Esto es lo que debe preocuparnos. Hay allí un desafío inmenso que debe ser enfrentado con sentido nacional.

Nuestro país tiene la obligación de reforzar sus sistemas de alerta ante los desastres naturales para mejorar sus defensas y capacidad de respuesta. Ello exige grandes inversiones para contar, entre otras cosas, con equipos profesionales de primer nivel y con tecnología de punta en los ministerios de Interior y Defensa, en la Onemi, en los gobiernos regionales, etc.

Es necesario poner al día las leyes y protocolos para que las FF.AA. actúen rápidamente ante una catástrofe mayor. Carabineros tiene muy claras sus obligaciones para tales casos y, precisamente por ello, actuó de inmediato de un modo que la población valoró altamente.

Es evidente que Chile resistió la catástrofe en mejores condiciones que en el pasado. La ingeniería chilena superó una durísima prueba. Pero deberá ser todavía más estricta la fiscalización de las normas de edificación y habrá que sancionar la negligencia.

Analizar lo ocurrido con estrechos criterios partidistas no le sirve al país. Si la derecha insiste en atacar a Michelle Bachelet respecto de lo sucedido, la mayoría de la población se dará cuenta de que se trata de una expresión de politiquería.

Por eso mismo, los ex ministros de ella deben cuidar sus palabras. No pueden lanzar bravuconadas electorales en nombre de la ex Presidenta, porque eso es completamente contraproducente.

Está claro cómo actuará la derecha este año, en el que elegiremos alcaldes y concejales, y el próximo, en el que elegiremos Presidente de la República y parlamentarios.

Usará la suma de su poder económico, político y comunicacional para inclinar la balanza electoral a su lado. No serán fáciles las cosas para la oposición. En los hechos, Hinzpeter ha hablado como el generalísimo de la campaña electoral que se está iniciando: “En dos años más (…) los ciudadanos van a resolver si quieren que siga gobernando la Coalición por el Cambio o que vuelva a gobernar la Concertación”.

Efectivamente. En las elecciones que vienen, los ciudadanos evaluarán la gestión del gobierno de Piñera, juzgarán a todas las fuerzas políticas y se pronunciarán sobre el futuro del país. El reto de la centroizquierda es demostrar que merece la confianza de la mayoría de los chilenos.