Hay casos de "abogados exitosos", de amplio currículum y fluida prosapia, con ingresos que permiten elevado estatus social y "confort" en la vida privada. Pero, la ansiedad por más dinero y fama les hace ir más allá de lo que la ética y la ley permiten y la honradez exige, cayendo en el lodo que atrapa a sus propios clientes.
En esta materia no hay distintas lecturas ni diversas interpretaciones, andar pagando coimas es una práctica nefasta, degrada a quien lo practica, socava la institucionalidad democrática y fomenta la apatía y la anomia social.
Estas personas saben que se degradan, pero igual cometen esas acciones repulsivas. Creen tener un fuero no escrito y fáctico que los cubre con impunidad. Tal vez es muy alta la tentación de burlar el Estado y sus normas regulatorias y de fiscalización, o puede ser simplemente el afán de lucro que lleva a errores garrafales a tantas personas, también hay quienes sostienen que es la adicción a simular un poder aparente, pero del cual en realidad se carece.
Causas pueden ser muchas, pero deslizar un sobre con dinero en efectivo sobre el escritorio de un funcionario público pagando una coima es un oficio envilecido que no tiene excusa ética alguna y no hay razón para que se ampare en el "secreto profesional".
Asimismo, en ese innoble afán se las ingeniarán para encontrar terceros culpables, es decir, alguien a quien echarle la culpa. Incluso, en ciertos casos, hasta conseguirán "un chivo expiatorio" que carga con la culpa de aquel que fue más astuto o más vil, según como se miren y valoren las conductas.
Más todavía si quien ejerce ese oficio tan oscuro se titula a sí mismo cómo un hombre probo y se permite dictar conferencias a lo largo del país acerca de la probidad. Aunque el papel aguanta todo, eso se convierte en una burla, un descarado sarcasmo. En definitiva, saquear el Estado significa debilitarlo de tal manera que se imponga la ley de la selva y gane el más fuerte e inescrupuloso.
Ahora bien, lo más cínico en la actitud de los involucrados en estas redes creadas para defraudar el Estado está en que, al hacerse pública la denuncia del ilícito, alegan como gran defensa que el negociado se haya sabido y difundido quejándose amargamente de la impactante publicidad del caso. Lo que condenan es la "filtración" no la corrupción.
Esa lógica es antigua: el malhechor será un caballero -mientras no lo pillen- y pregonara sobre la probidad y la ética cínicamente. Por eso, alcanzar la verdad es decisivo, el delito ya no se podrá cometer y la corrupción no seguirá extendiéndose. La gobernabilidad democrática así lo requiere.
En consecuencia, ahora el desafío está en la Justicia, si no pasa nada será un duro golpe a la legitimidad del régimen democrático. Chile no debe convertirse en un país empobrecido debido al saqueo al Estado por ruines ambiciones. La acción de grupos mafiosos que burlan el bien común exige una eficaz respuesta de los Tribunales de Justicia, antes que sea tarde.
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