Pre-candidaturas en partidos, ¿porqué se cobran inscripciones?

En diversos medios de prensa se ha informado que hay partidos políticos que cobran por la inscripción de precandidatos a cargos de elección popular. Creo que esto no ocurre en todos o si fuera así los montos de tales “abonos” serían irrelevantes.

No es el caso del PPD.Desde hace varias elecciones se estableció la obligatoriedad de cancelar una cuota, bastante sustantiva, para quienes quieren ser candidatos a Concejales, Alcaldes, Diputados y Senadores.

Para la elección parlamentaria del 2013 los aspirantes al parlamento deberán cancelar $ 200.000 y al Senado $ 300.000.

Las verdaderas razones de este procedimiento son esencialmente selectivas, es decir, mientras más elevada es la cuota de inscripción menos posibilidades de ser candidatos hay para quienes no pueden cancelar dicho abono.

Normalmente el partido tiene que financiar con recursos extraordinarios el procedimiento informático de inscripción a nivel de país y financiar principalmente la eventual realización de campañas primarias. Recuérdese que estas campañas no son de financiamiento público, y realizarlas significa todo un paquete organizacional (impresión de votos y padrones, entre otros), para los cuales los partidos, o al menos el PPD, no cuentan con recursos “extraordinarios”.

Adicionalmente, este abono o cuota de inscripción no se devuelve al postulante inscrito si –finalmente- no queda registrado en la lista oficial de candidatos.

A esto debe agregarse que en el PPD también se exige a todos los postulantes nuevos (no importa que sean militantes destacados, con trayectoria pública y extensos años de militancia partidaria y social) una cuota de firmas actualizadas de adherentes que pueden variar de entre 2.000 a 5.000 firmas a lo menos.

En cambio, a los que ya ostentan cargos de representación popular y van a una re-elección (concejales, alcaldes y parlamentarios en ejercicio) sólo se les exige un “informe escrito” de su gestión, el que –por lo general- nadie lee o revisa.En consecuencia, los elegidos están previamente consagrados.

Pueden haber otras razones que permitan “justificar” estos procedimientos, pero lo que es claro y cierto es que contravienen principios y derechos democráticos esenciales, tales como por ejemplo “el derecho a ser elegido” sin condiciones de ninguna naturaleza.

Es decir, un militante de un partido, con una destacada trayectoria social y política, que quisiera emerger como pre-candidato a un cargo de representación popular, simplemente debería ser probado su liderazgo en una campaña primaria, sin mayor costo que el que requiera la inversión propia que se quiera realizar para respaldar una campaña.

Las limitaciones previas que se imponen son, en realidad, una condicionante severa por razones políticas y administrativas, y esto no debiera ser permitido por una nueva Ley de Partidos Políticos, del mismo modo como no debe permitirse la reelección sistemática y vitalicia de los representantes populares, que después de dos períodos en el mismo cargo (y más del 80% de los actuales parlamentarios que van –privilegiadamente- a la reelección incurren en esto) simplemente se acomodan a los procesos, se instalan en sus cargos, presionan para no ser reemplazados y en el marco del voto binominal se saben electos aún antes de que la elección se realice.

Es lo que va a suceder en unas semanas más, una vez que los partidos “oficialicen” sus listas de candidatos.Como a cada bloque (alianza y oposición) le corresponderá un parlamentario, sabremos de antemano quiénes serán los elegidos (y re-elegidos) y sabremos también quienes irán como “saludo a la bandera”.

En el PPD no ha sido fácil (y no lo será por un buen tiempo) modificar esta práctica de poner límites al proceso de renovación natural de representantes populares.

En parte se argumenta que los partidos deben “cuidar su capital electoral” (ergo: mantener lo que se tiene); que los que quieren “desafiar” a los que se mantienen tienen que demostrar que cuentan con recursos financieros (de ahí la cuota de inscripción) y las firmas ciudadanas deben anticipar el eventual respaldo electoral con que se cuenta.

Se trata de una práctica arraigada, contraria al derecho de ser elegido por la gente, si es que los electores lo prefieren. Pero con el sistema binominal, los partidos están obligados a mantener el statu quo, especialmente ante una elección presidencial en donde las futuras cuotas de poder están muy estrechamente relacionadas con la cantidad de parlamentarios con los que cada partido contará finalmente.

Lo que veremos entonces, en noviembre próximo, es que más del 80% de los actuales diputados y senadores van a la reelección y que las posibilidades de instalar rostros nuevos en el Congreso son extremadamente limitadas.

La idea de una Nueva Constitución y con una constituyente que no sea este parlamento, es crucial para que un cambio de verdad sacuda el actual hemiciclo legislativo.