Procesando el proceso constituyente
No hay plazo que no se cumpla. Se pone término al trabajo de las comisiones y del pleno de la Convención Constitucional en cuanto a elaboración de normas se refiere. En vilo nos tuvo el órgano constitucional hasta último momento, para conocer la consagración del derecho a la educación en la nueva carta fundamental. ¿El resultado? Eso de "lo mejor para el final" quedó sólo en la expresión popular.
Una Constitución que hasta el momento tendría cerca de 460 artículos, superando a sus modelos venezolano y boliviano (350 y 411, respectivamente). Maximalista y al detalle, en los temas de su interés. Que "lo bueno viene en paquete chico" tampoco aplicó.
En su afán por establecer la supremacía absoluta de la educación pública, arrasaron con todo. No hubo tratado internacional ni derecho humano que pudiera hacerles frente. Qué duda cabe de la importancia de fortalecer nuestra educación pública, pero pareciera que hacerla obligatoria y la única opción para el 90% de las familias del país -aquellos que no pueden acudir a la particular pagada- no es el punto de inicio.
¿Cómo llegamos a esto? Partamos por el comienzo, cuando ante los hechos de violencia fue necesario llegar a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, una que fuera legítima y que nos uniera como país (so pena de que no quedara nada de este). Este legítimo proceso continuó con engaño, inventar una enfermedad para llegar a la convención fue un aviso de lo que venía, pero que el 80% del país que creía en esto simplemente nunca imaginó.
Vinieron los disfraces, las peleas, piñatas, votos en la ducha, etc. El dialogo para esta casa común nunca llegó, los nuevos generales tenían una misión clara y no se apartaron de ella. La oportunidad era única y no la dejarían pasar.
Poco se pudo hacer bien en los aproximadamente 180 días que tuvieron para su redacción, desde el 18 de octubre del año pasado. Menos de medio día de discusión por cada nuevo artículo de la pretendida futura constitución arrojó el resultado que se puede esperar de ello. Cinco minutos fue el tiempo asignado a los convencionales en la Comisión de Derechos Fundamentales para la exposición de propuestas acerca de estos fundamentales derechos. Cinco minutos también para la exposición de las iniciativas populares de norma que cumplieron con la cantidad de firmas requeridas. Dos minutos para responder preguntas, 30 segundos para rechazarlas.
¿Es esto lo común a la hora de legislar? Veamos un ejemplo. Actualmente se está tramitando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la "ley José Matías", ley simple para modificar la Ley General de Educación y establecer un derecho. Lleva cinco sesiones hasta el momento y 25 invitados que han asistido a la comisión a exponer por un promedio de 15 minutos cada uno. Esto en su primer trámite, previo a su votación en general en la comisión. Vendrá su discusión en particular, indicaciones, sala, segundo trámite que repite el proceso, eventual tercer trámite, eventual comisión mixta, eventual veto presidencial. Y esto para una ley que no debe pasar además por otra comisión como por ejemplo la de Hacienda.
Así, probablemente tome más tiempo la tramitación de esta ley simple que lo que tomó la consagración completa del derecho a la educación en el proyecto de nueva constitución.
¿Se podía esperar algo distinto entonces? Con la extrañeza del ser humano, se esperó. Pero la espera terminó y hoy toca enfrentarse al crudo resultado de este proceso.
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