En su segunda cuenta pública el Presidente Piñera reiteró, como es usual, el compromiso de su gobierno con la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo, sus palabras fueron en extremo escuetas.
Hace exactamente un año, el mandatario presentó un proyecto de reforma constitucional sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres que la Cámara de Diputados aprobó en solo dos meses. La reforma presidencial aborda la violencia contra las mujeres, pero no sus derechos sexuales y reproductivos, y tampoco la igualdad de derechos y responsabilidades familiares. Dicha reforma no ha sido debatida por el Senado en los últimos 10 meses.
Respecto a la eliminación de las discriminaciones legales contra las mujeres, no señaló nada sobre la reforma a la sociedad conyugal que se encuentra estancada hace años en el Senado y cuyo debate el Gobierno no ha promovido. Nada dijo sobre el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 comprometiéndose a modificar dicha legislación, que se mantiene incumplida.
Tampoco se refirió a la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
En su cuenta pública declaró, tolerancia cero a la violencia contra las mujeres sin anunciar recursos públicos para su prevención, mejoras en los mecanismos de protección, ni medidas para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.
Asimismo, preocupa que no haya señalado que seguirá impulsando el debate de la Ley Integral sobre Violencia contra las Mujeres, que avanza lentamente en el Senado.
En otro tema, hizo mención a su proyecto denominado Sala Cuna Universal, medida de gran importancia para permitir a las mujeres su derecho al trabajo. Pero, más allá del titulo, no califica como universal una propuesta que reafirma el rol de cuidado de las mujeres y no contempla medidas de corresponsabilidad.
En el ámbito laboral, dijo que en los directorios del Sistema de Empresas Públicas un 42% son mujeres. Omitió señalar que se trata de una regulación fijada durante el gobierno anterior y en todo caso en los gobiernos regionales, solo el 22% son mujeres y que a nivel local se cuenta con un 25% de mujeres concejalas y sólo 12% de alcaldesas. Actualmente, la Cámara de Diputados debate una moción parlamentaria para establecer medidas de paridad en las declaraciones de candidaturas para la elección de gobernadores/as y consejeros/as regionales, así como de alcaldes/as y concejalas. Sin embargo, el Gobierno no le ha asignado urgencia.
Cuando habló de educación de calidad, no hizo referencia alguna a la necesidad de avanzar en una educación no sexista, demandada por el movimiento estudiantil como una medida fundamental para la igualdad de derechos y para la prevención de la violencia de género. Y tampoco relevó la educación sexual integral, clave para la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes.
Sus anuncios fueron bastante acotados, y numerosos los temas omitidos. Si de eliminar las discriminaciones legales contra las mujeres se trata, era necesario que se refiriera a que en Chile todavía se criminaliza a las mujeres por abortar y que no se protegen sus derechos sexuales y reproductivos.
Bajo la legislación vigente únicamente se permite la interrupción del embarazo en tres causales, pero se reconoce la objeción de conciencia de manera generalizada a médicos y equipos de salud que intervienen en pabellón y asimismo a todo establecimiento de salud privado.
De igual manera resulta grave que el Presidente no se abordará la compleja situación y vulneración cotidiana de sus derechos que enfrentan en el país las mujeres lesbianas y trans, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres privadas de libertad, entre otras; sometidas a violencias adicionales, en gran medida de parte de agentes del Estado.
En consecuencia, tras su segunda cuenta pública lo que constatamos es que estamos bien lejos de tiempos mejores para las niñas y mujeres.
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