¿Quién le da créditos bancarios a los candidatos?
Cuando el BancoEstado anunció que no podía otorgar créditos a los postulantes a la Presidencia y al Congreso, sean o no parlamentarios en ejercicio, se generó una polémica inmediata. Para justificar la negativa invocó los artículos 57 y 60 de la Constitución, los cuales le imposibilitan a tenerlos como clientes. Además, señaló que esta restricción ya estaba vigente desde 1995.
El argumento básico es que no pueden ser elegidas las personas naturales que tienen contratos con el Estado, y el Banco es una institución con esa propiedad. Incluso, en caso de ser electos podrían perder el cargo si se demuestra esa relación.
En consistencia con su política, la entidad bancaria otorgó préstamos a varias personas que no estaban sujetas a la limitación, entre ellas el ex Presidente Piñera.
La situación se agravó por la ley 19884 sobre “Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, que estableció nuevas normas estrictas sobre la materia, generadas en gran medida por las innumerables irregularidades que se han transparentado como ocurridas en años recientes, agravando el desprestigio de la función política y de los parlamentarios.
Para hacer más difíciles las cosas el Servicio Electoral (SERVEL), opinó que la normativa invocada no se aplicaría al BancoEstado. Es claro que esa entidad electoral no se ha caracterizado por mostrar eficiencia en su accionar ni opiniones consistentes en sus posturas, actuando con frecuencia con la actitud de echarle la culpa al vecino o “tirar la pelota al corner”, cuando se ve cuestionada. La situación se complica cuando falta poco para las elecciones y no aparece la plata.
Esta polémica ha generado una serie de consecuencias, que merecen análisis.
En primer lugar, si bien los bancos privados no está sujetos a la limitación normativa, ¿porqué los postulantes al Parlamento no solicitan los recursos financieros a ellos, cuando la ley electoral establece que después de la elección el SERVEL traspasará los recursos a la institución acreedora?
¿Temor a sacar menos votación?
¿No serían deudores confiables o carecen de garantías complementarias?
¿Es mejor omitirse ante clientes tan impopulares?
Lo notable es que los cuestionamientos se han concentrado en la banca estatal y no en el resto que constituye el 80% del sistema. ¡Oh, la prensa escrita!, los bancos comerciales sí que son buenos clientes, especialmente por su publicidad.
Desde un punto de vista normativo la polémica ha mostrado que pasadas las elecciones se requiere una clarificación para despejar las “ambigüedades”, que incluso podría llegar a aclarar el tema constitucional sobre la materia. En todo caso, no le corresponde al Gobierno “interceder” ante el BancoEstado para que se “abuene” con los interesados, es necesario respetar la autonomía de las entidades.
El otro tema es que nuevamente los sectores de oposición y algunos medios de comunicación han vuelto a cuestionar es el papel que cumple el BancoEstado en el país, “el rol que esta entidad debería jugar en la sociedad”, como se señaló (“Pulso”, 27/09/,2017), lo cual es importante, más allá de la corriente de pensamiento neoliberal que sostiene que no deberían existir empresas de propiedad del Estado, como predica José Antonio Kast, para el cual ni siquiera debería tener CODELCO y ENAP.
Algunas razones.
Es el banco popular, en que los sectores mayoritarios se siente en confianza, en su casa, incluso para cobrar sus pensiones que podrían hacerlo en otro competidor, como lo establece la ley.
Es la entidad que tiene la mayor clientela: 9 millones de personas con cuenta Cuenta RUT; las Cajas Vecinas y ATM son innovaciones casi sin competencia; tiene la mayor red de sucursales, muchas de ellas en lugares apartados donde no hay otros servicios financieros; se avanza con el Pago Rut y Red Compra; domina el crédito a los microempresarios, con 550.000 clientes y el 70% de las empresas del país operan en el; administra el Fondo de Garantías del Pequeño Empresario (FOGAPE).
Se asocia con el resto del sistema bancario para la existencia de un sector financiero integrado.
Cumple algunas tareas de apoyo a las políticas sociales del Gobierno, como el otorgamiento de créditos hipotecarios a segmentos vulnerables o el apoyo al CAE.
Es la entidad que tiene el Estado para llevar a cabo las emergencias del sistema financiero, cumpliendo tareas anti-cíclicas cuando se requiere como, por ejemplo, cuando la banca privada contrae el volumen de crédito.
Por último, tiene capacidad innovadora y es rentable, a pesar de está afecto a un impuesto adicional del 40%, al igual que las empresas del Estado.
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