Reinscripción de partidos y financiamiento público

El sistema político chileno ha sido fuertemente afectado en sus niveles de confianza, que ya eran bajos, por varios escándalos vinculados a la relación política-dinero. Con las investigaciones del Ministerio Público recién partiendo no es fácil saber cuál puede ser la envergadura del impacto final en actores e instituciones. Sin embargo, previsiblemente, la legislación vinculada al financiamiento público de campañas electorales cambiará de forma significativa. Junto a ello, probablemente, el Estado también deberá financiar el funcionamiento ordinario de la actividad política y ya no sólo parte de las campañas electorales.

Que lo anterior termine debidamente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico nos parece positivo.

Pese a que consideramos que un adecuado tratamiento del tema del financiamiento público de los partidos es del más alto interés republicano, pues, a lo menos, permite reducir el severo riesgo de captura de las instituciones públicas y de los partidos por grandes grupos económicos, no cabe duda que éste no es un tema popular.

Menos cuando –como ha ocurrido en otros lugares del mundo- el financiamiento público se establece en medio de escándalos políticos de altísimo impacto y con crecientes sectores de la ciudadanía indignados por ellos.

Es difícil, entonces, creer  que la opinión pública acepte que, con cargo a rentas generales de la Nación, se financie la actividad política, aunque dicha medida  sea sólo un componente de las treinta o cuarenta reformas sustantivas que termine proponiendo la comisión que preside el economista Eduardo Engel. Por lo anterior, parece necesario adoptar en el próximo tiempo una medida de gran radicalidad: someter a reinscripción obligatoria a todos los partidos políticos chilenos, como prerrequisito fundamental y previo a la entrega de fondos públicos para su funcionamiento y tareas socialmente útiles.

Pasamos a exponer algunas razones que, a nuestro juicio,  hacen perentoria la reinscripción de los partidos.

1.-  No habrá legitimidad mínima al financiamiento con cargo al Estado de Chile de los partidos políticos, en el estado de desprestigio, desintitucionalización y precarización en que ellos se encuentran hoy. Los partidos actuales son el actor político con el más bajo nivel de confianza, alcanzando bajísimos niveles de aprobación según encuestas recientes.

2.- La información disponible muestra cifras de abstención elevadísimas y reiteradas en las elecciones internas de los partidos que las realizan. La sospecha fundada es que ello se explica en gran parte por la “inflación” de los padrones de militantes que realizan caciques y facciones internas a fin de mejorar posiciones en las estructuras de poder político.

3.- Muchos de los partidos políticos del sistema parecen haber sido capturados o, a lo menos, estar bajo la influencia significativa del dinero privado. Además, el clientelismo que practican barones y “socios controladores” de los partidos en los distintos niveles del sistema político es un secreto a voces. Los escándalos que se investigan hacen más que plausible la primera afirmación y la segunda puede ser comprobada fácilmente cotejando el  aumento del número de “militantes” según un partido se encuentre o no en el poder.

4.- Si se mantiene la situación vigente, es ilusorio suponer que las actuales capas dirigentes de los partidos políticos chilenos dejarán de controlar los procesos de generación del poder interno.Ello tiene consecuencias obvias en la vigencia de los estados de derecho partidarios y en sus procesos eleccionarios. Incluso más, lo anterior hace inviable urgentes y necesarios cambios que posibiliten una depuración mínima de máquinas y trenzas internas instaladas por décadas.

5.- Sólo lo anterior puede dar viabilidad a futuros procesos de control de la seriedad, transparencia y certeza jurídica mínima de y sobre los padrones de los partidos, que pueda realizar el Servel o una futura superintendencia. Lo mismo ocurre respecto al carácter realmente democrático y transparente de las elecciones internas posteriores a los cambios legales que se discuten.

6.- Con la sola aplicación de las modificaciones propuestas, es posible conseguir el debilitamiento de las fracciones partidarias hegemónicas al interior de los partidos y, al mismo tiempo, favorecer el retiro anticipado de muchos dirigentes que parecen no haber estado a la altura que requiere la política republicana para legitimarse ante la opinión pública y el cuerpo electoral.

7.- Sólo reinscribiendo a los partidos políticos chilenos –en un proceso serio y transparente- será posible atraer a nuevos cuadros de militantes, que renueven a los partidos y a la política nacional, sin el riesgo que terminen de comparsa del status quo imperante. Ello no será fácil bajo ninguna circunstancia,  pero –reformas creíbles mediante- muchos partidos del sistema podrán atraer a los menos a segmentos de la juventud universitaria y secundaria que, afortunadamente, se repolitizó del 2011 en adelante.

8.- Por último, es un hecho público y notorio –fue denunciado por decenas de ciudadanos a raíz de los procesos de primarias durante el año 2013- que los padrones de los partidos incluyen personas cuyas firmas fueron conseguidas de manera engañosa. Para realizar dicha trampa, se utilizaron campañas públicas en las que la firma se solicitaba para supuestas causas  loables, como la protección de ballenas o  el proceso de paz en Medio Oriente.

En conclusión, lo que se busca en esta columna es dar algunas razones para realizar una reinscripción de todos los partidos políticos del sistema chileno, pues, para muchos es evidente que los partidos políticos chilenos, en su condición y funcionamiento actual  NO garantizan que en tres o cuatro años más no tengamos nuevos escándalos...con la única diferencia que, de llegar ello  a suceder, las instituciones democráticas ya no tendrán la mínima credibilidad para hacer nuevas reformas electorales y al financiamiento público de las campañas y de la actividad política.