Se requiere volver a creer

La cuenta anual del 21 de mayo, quedó ahogada bajo los escombros del edificio del Consejo Municipal de Valparaíso, en cuyas paredes incendiadas se asfixiara, Eduardo Lara, el trabajador víctima de la violencia homicida de un grupo de choque "ultrón", que ese día volvió a asolar las avenidas de Valparaíso, el puerto de mayor historia en Chile.

El debate posterior, inevitablemente, se situó en torno al descontrol de ese tipo de violencia criminal, desatada desde la protesta social, pero que no hace más que frenar esa misma demanda social, desvirtuándola, manipulando sus fines e impidiéndole que se exprese libremente, y termina ahogándola en una nube de gas lacrimógeno y el miedo de quienes sufren sus consecuencias.

No hay duda que Valparaíso no puede quedar bajo el control de grupos de choque, de procedencia desconocida, que se juntan el 21 de mayo, con el sólo afán de destruirlo como ciudad, que sienten un desprecio visceral hacia la vida y la dignidad de las personas que no piensan como ellos. No se puede aceptar la violencia con fines de intimidación social y política, así como menos puede aceptarse que la ciudadanía tenga que resignarse o someterse a ella.

Hay que frenar y derrotar  esa ciega violencia anti ciudadana a tiempo, de manera oportuna, desde el Estado de derecho, protegiendo a las personas y cautelando eficazmente los Derechos Humanos. Detrás de esa violencia destemplada que destruye los bienes públicos con el placer de hacer daño, late el afán de imponerse a la fuerza que, en definitiva, activa a los grupos ultrones o anarcos, de modo que la autoridad, si quiere ser respetada, debe actuar con firmeza y oportunamente.

Esta terrible desgracia coincidió con nuevas y, tal vez, peores noticias de las que se conocían hasta ahora, en el capítulo del vergonzoso infortunio que significa para la democracia chilena, presenciar los efectos de más denuncias relativas a las "platas políticas", es decir, otras evidencias acerca de la injerencia nefasta e indebida del dinero de SQM en el financiamiento de la actividad política, en este caso, del PPD.

El balance es una funesta imagen que se ha formado en el país, terrible para la democracia, que desde las oficinas de Ponce-Lerou las "coimas" eran lo habitual, que se otorgaban contundentes sumas y flujos permanentes de dinero tan potentes, que subían y bajaban candidaturas presidenciales y parlamentarias a entera satisfacción y conveniencia del yerno y heredero del ex dictador.

Lo aún más funesto viene a ser que los inductores, patrocinadores e incluso representantes de esta corruptela, prosiguen encumbrados, o dando cátedra y pontificando acerca de lo que se debe hacer y no hacer, desde las alturas de un falso progresismo, el mismo que encendía sus motores con el combustible de SQM. Ahí es donde está la raíz del total descrédito de la política.

La ausencia completa de pudor por parte de actores principales de esa trama de sobornos, tráfico de influencias, intrigas y operaciones anti partidarias, como la que sufrió el PS, el 2009, ese desparpajo para enriquecerse simulando apoyar la causa de los humildes, esa voluntad de actuar con total cinismo, captada perfectamente bien desde la ciudadanía, es la causa central que la gente no tenga la menor inclinación a devolver la confianza perdida tan lastimosamente por la política.

No se perciben señales, auténticas y definitivas de que un puñado de audaces no seguirá enriqueciéndose, cobrando bajo cuerda a los privados por su función desquiciante, divisionista, simulando un falso progresismo que no se tiene y seguirá afectando los intereses del país.

Luego, el martes 24 fue formalizado el senador de la UDI, Jaime Orpis, respecto del cual la Fiscalía acredita pagos indebidos y la condición de "funcionario rentado" del consorcio de la pesca industrial, Corpesca, con "cuotas" que llegan a centenares de millones de pesos.

Como sí de asuntos turbios o de malos manejos no fuera suficiente,  una documentada investigación periodística, develó traspasos de bienes fiscales desde el Cema de la viuda de Pinochet, en otra "arista" de malas prácticas, que desvía cifras de miles de millones que pertenecen en su origen al patrimonio de la nación y que irritan aún más a la gente.

Además, sigue adelante el proceso del llamado "milicogate", generado por las denuncias de mal uso de los recursos destinados a la Defensa Nacional, que aparece en manos de personal subalterno, que lo apuesta en cifras increíbles en un casino cercano a la ciudad de Santiago.

También se ha conocido el uso del ministerio de Bienes Nacionales como oficina de empleo del grupo Izquierda Ciudadana.

En suma, el clientelismo y las malas prácticas se hacen presente con más "soltura" y frecuencia de lo que serían "casos aislados", sin que se frene el sectarismo, esa perniciosa cultura política de usar el Estado para beneficio de los amigos y descuidar su rol como expresión del bien común del país.

En fin, pasan los días y la política no repunta. Suceden muchos hechos, pero sin que se aclare el rumbo, es decir, el sentido de tanto ajetreo individual, que sin conexión organizada y coherente con otros propósitos convergentes, parecen simplemente un desgaste que no conduce a fines que estén debidamente definidos, claros y jerarquizados. La conducción política no consiste en consumirse en hechos intrascendentes, radica en saber avanzar en ciertas y determinadas direcciones que estén en línea con los objetivos que se persiguen.

En este periodo, la dirección principal de los esfuerzos tendría que ir a lo más urgente, lo apremiante, y es obvio lo que es aquello: hacerse cargo del descrédito de la política y la desconfianza ciudadana, de la idea que tras cada paso de la autoridad o de un líder político hay un propósito oculto, que no coincide con el interés público y que queda en la trastienda.

Reponer la credibilidad de la política es la cuestión esencial, pero parece que se ignora este diagnóstico y sobran los sucesos que agravan ese problema central, entre esas dificultades se cuenta la defensa corporativa de las personas que se ven afectadas, el propósito de cuidar personas amigas puede ser muy atendible, pero el balance final es funesto al mostrar una elite de intocables que se protegen entre sí.

Por eso, hace falta que el liderazgo nacional aborde en profundidad esta situación que afecta al sistema político y, por tanto, al régimen democrático en Chile, y se convoque a un diálogo plural, en que todos sin excepción puedan participar.

No se trata de la fracasada idea de la defensa corporativa, sino que de reponer la credibilidad de la política, lo que no se resuelve con esfuerzos aislados. En esta encrucijada se necesita un nunca más contra la corrupción y el maridaje entre política y negocios que sea creíble y suscrito por los actores esenciales del país. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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