Seguridad quirúrgica
El Presidente José Antonio Kast ha defendido su reforma de seguridad diciendo que: "La libertad ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de las autoridades".
Efectivamente el Presidente tiene razón. Primero, ahí donde impera la arbitrariedad y no el derecho, la libertad se torna una quimera. Es lo que ocurrió en 2019 cuando el atropello violento de las turbas vandálicas se imponía en desmedro de las libertades y derechos de personas que tenían que cerrar sus negocios para no ser saqueados o caminar cuadras para poder acceder al transporte público y volver a sus casas. Es lo que también ocurre cuando los vecinos de un barrio deben convertir sus casas en bunkers en los que se encierran antes que caiga la noche ante el actuar de criminales de todo tipo que se adueñan de sus calles y plazas. La arbitrariedad es la que también afecta a cientos de locatarios que pagan patentes y una tracalada de impuestos mes a mes a un Estado que, sin embargo, permite que grupos de vendedores ambulantes, criminalmente organizados, se adueñen de las veredas frente a sus negocios en barrios como Meiggs. La ilegalidad es la que también se impone cuando holgazanes y bribones de todo tipo usurpan propiedad ajena, ya sea un terreno o una vivienda, y se instalan como si fueran legítimos dueños.
Si frente a lo anterior las autoridades y las instituciones se muestran indolentes, ineficientes o laxas frente a las transgresiones, claramente por omisión están permitiendo que las libertades se vean conculcadas por inciviles, vándalos y criminales. Si a eso se suman discurso políticos condescendientes con tales transgresiones, como ocurrió en 2019 con el vandalismo y las barricadas o como sucedía con las tomas sobre todo durante la pandemia, no hay que esperar mucho de las decisiones que tomen las autoridades y menos del tipo de políticas públicas que surjan de esas autoridades y políticos.
El Estado de Derecho debe combatir la arbitrariedad de los particulares para resguardar las libertades y derechos de las personas. El Presidente tiene razón al decir que defender el Estado de Derecho es una decisión política crucial pues sin imponer el armazón jurídico, no hay justicia, ni libertad, ni igualdad ni nada y las personas quedan al arbitrio de los más violentos, los más bestiales, tal como ocurre cuando un grupo criminal se impone sobre una comunidad.
En lo que no tiene razón es que aquello implique abrir la puerta a la propia arbitrariedad del Estado. ¿Darle más atribuciones al Poder Ejecutivo es la mejor forma de combatir el crimen organizado? ¿Es la mejor forma de imponer el Estado de Derecho por sobre la arbitrariedad en todos los casos?
Si el foco es combatir el crimen organizado, quizás debemos considerar que este opera en dinámicas y dimensiones intrincadas que no necesariamente se relacionan con acciones concentradas y respuestas rápidas bajo un estado de excepción, que es una prerrogativa presidencial, en un territorio dado. Al tratarse de estructuras complejas y no de simples bandas, la respuesta institucional no puede basarse sólo en la acción fortalecida de poder Ejecutivo y las fuerzas policiales. La respuesta del Ministerio Público y los Tribunales, que son entidades independientes del Poder Ejecutivo, también debe ser adecuada ante esa necesidad. ¿Dónde está eso en el debate impulsado por el gobierno?
Combatir el crimen organizado no trata de poder sacar carabineros y militares a las calles. Requiere inteligencia de modo metafórico y literal, por ejemplo, enfocar la acción investigativa en base a unidades especiales enfocadas en ver los diversos casos considerándolos parte de un ecosistema criminal complejo que incluye diversos negocios ilícitos, pero que está basado en incentivos, lealtades y recursos. Romper con esas estructuras requiere atacar en esos tres niveles, tal como lo hicieron los italianos a lo largo de la década de 1980. Esto nos lleva a considerar un detalle clave que parece obviarse en Chile: los políticos también se corrompen y pueden ser parte del crimen organizado. Y por ende, pueden hacer mal uso del poder que se les confiere.
En otras palabras, más que ampliar la situación de excepcionalidad sobre la sociedad y los ciudadanos indefensos, lo que se debe hacer es imponer con claridad los criterios y fortalezas del Estado de Derecho sobre los actores criminales. En vez de abrir completo al paciente, se le debe hacer una operación quirúrgica al detalle.