Transparencia ¿amenazada?

La próxima renovación o confirmación de dos integrantes del Consejo para la Transparencia, que debe resolverse a fines de octubre, se está preparando en medio de rumores de que el Gobierno no renovaría en su cargo a su Presidente Raúl Urrutia y a Juan Pablo Olmedo.

Comentarios que levantan sospechas de que tras la medida, hay un intento por parte del Ejecutivo de controlar y suavizar el celo con el que el actual Consejo ha cumplido su función. Para entender esta situación, hagamos un poco de historia.

Hace sólo dos años que tenemos en Chile la ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece la obligación de los órganos públicos de tener disponible, a través de sus sitios web, información respecto de su estructura, personal, remuneraciones, contratos, compras, programas, beneficios para la población, entre otras materias.

Establece también que dichos organismos tienen el deber de entregar la información que obre en su poder cuando ésta les sea requerida por cualquier persona, sin distinción de ningún tipo. Aunque hay algunas excepciones a esta obligación, la regla es la primera.

Esta ley, que entró en vigencia en abril de 2009, marca un antes y un después en la posibilidad de que los ciudadanos ejerzamos el derecho a conocer lo que se realiza en la gestión pública, a participar con conocimiento de causa en las acciones del Estado y a controlar el ejercicio del poder que realizan las autoridades y funcionarios públicos.

Para que ello fuera efectivo, se creó el Consejo para la Transparencia, órgano autónomo del Estado, encargado de garantizar y hacer cumplir la ley.

Entre sus tareas está promover el principio de la transparencia, fiscalizar que los organismos públicos cumplan las disposiciones legales y sancionar su incumplimiento.

Responsabilidad necesaria para que los ciudadanos podamos ejercer este derecho y, paralelamente, muy incómoda para un ejercicio de la función pública poco acostumbrada a la transparencia.

Corporación Participa, organización no gubernamental, pluralista y no partidaria, ha trabajado durante dos años junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en dar a conocer esta ley y apoyar su uso por la ciudadanía, especialmente por parte de sectores vulnerables.

Asimismo, se ha controlado el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley a los servicios públicos.

A partir de la experiencia en esta tarea, podemos dar fe del celo y autonomía con la que ha actuado el Consejo para la Transparencia en el cumplimiento de sus funciones.

Hemos comprobado su esfuerzo por promover el derecho ciudadano a la información; lo hemos visto atender con diligencia los reclamos presentados por falta de transparencia de organismos públicos y fallar a favor de la transparencia; hemos conocido su fiscalización a los organismos públicos para que cumplan sus obligaciones en la materia; en fin, también hemos recibido su apoyo con instructivos, cartillas, recomendaciones y materiales que mejoran nuestras capacidades para el ejercicio del derecho y la manera de que los organismos del estado den cumplimiento a la ley.

Volviendo al comienzo, tenemos entonces a este organismo público encargado de la transparencia, que ha cumplido su rol de manera eficiente, al que se le pretendería hacer cambios, mediante un proceso poco transparente, que sacaría de sus funciones a dos Consejeros que en el proceso de instalación de esta entidad y la entrada en vigencia de la ley, han dado garantía de que el Consejo es una institución que busca precisamente velar por mayores y mejores niveles de transparencia.

Como lo han solicitado públicamente varias organizaciones de la sociedad civil, si el Gobierno, según sus atribuciones, quiere remover a dos de los cuatro Consejeros, es de esperar que lo haga en un proceso de selección abierto y consultivo.

Para así evitar que los candidatos o candidatas sean designados considerando sólo criterios políticos, y asegurar que cuenten con el mérito y calificaciones requeridos, para tener el respaldo de la sociedad civil y generen confianza pública.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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