Un mejor empleo público, para un nuevo Chile

Juan Pablo Arriaza

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• _{Co-escrita con Claudia Hasbún Faila, core metropolitana, cientista política y profesional del Servicio Civil de Chile - ADP}

El nuevo ciclo que inaugurará el Presidente Gabriel Boric exigirá una intensa reforma del Estado, en atención a una nueva forma de gobernar y a los desafíos que deriven del rol del Estado una vez diseñado por la nueva Constitución.

Es necesario robustecer las capacidades y competencias para materializar un Estado que asegure derechos sociales de manera universal. Hay muchas aristas que abarcar en esta reforma. Una muy importante -y no siempre la más prioritaria- es la orientada hacia un empleo público de calidad y a un sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que se extienda a nivel local y que converse con los desafíos que hoy se vislumbran.

Para hacer realidad un nuevo Chile, debemos también pensar en todos quienes trabajarán día a día por materializarlo, en tanto son quienes darán vida y ejecutarán las nuevas políticas públicas. El Presidente Boric está frente a una maravillosa oportunidad de marcar la diferencia y pavimentar el camino hacia un mejor empleo público para un mejor Estado.

Para asumir los desafíos trazados en el Plan de Gobierno será clave fortalecer el Estado y la función pública, que por lo demás deberá estar muy alineado con las definiciones que se establezcan en la nueva Constitución respecto a las bases de administración del Estado, sus instituciones y la relación con los poderes del Estado, definiendo cómo se aumenta la legitimidad de las decisiones del poder político ante y con la ciudadanía.

Un compromiso adoptado por el nuevo gobierno será trabajar en una agenda anticorrupción y probidad, enfrentando los abusos que se generan en el sector público mediante una modernización del empleo. En este ámbito, se requerirán acuerdos transversales para que la Dirección Nacional del Servicio Civil tenga un nuevo rol fiscalizador en ámbitos de gestión y desarrollo de las personas. En la actualidad ejerce sólo un rol rector. Sin embargo, al no estar dotado de herramientas fiscalizadoras imposibilita un desafío mayor para la gestión pública que signifique elevar estándares en el empleo público y el ciclo que éste conlleva: ingreso al servicio público (reclutamiento y selección), capacitación, acompañamiento, evaluación del desempeño, ambientes laborales sanos y salida del servicio público (retiro).

Un acuerdo en esta materia es asegurar que el ingreso al servicio público sea basado en el mérito y constituya un denominador común para los distintos niveles, es decir la administración central del Estado, regional y comunal.

En esta línea, una decisión estratégica que hoy se torna urgente es separar las funciones propiamente de gobierno de las funciones inherentes de Estado, lo que debe traducirse en distinguir aquellos cargos cuyas funciones dependen del gobierno de turno respecto de aquellas labores que la administración del Estado requiere de continuidad y con prescindencia del Ejecutivo para un buen funcionamiento de los servicios públicos, y así cumplir con las expectativas ciudadanas al proporcionar servicios en oportunidad y calidad.

Urge reconocer a los servidores públicos en todos sus niveles con más dignidad en el empleo y con la entrega de mayores capacidades y competencias laborales. Para lograrlo será fundamental convocar una mesa que incluya a los organismos de representación sindical cuyo propósito sea trabajar un nuevo estatuto para la función pública que se adapte a los desafíos y que proporcione mayores elementos para asegurar una dignificación de ésta.

El sistema ADP necesita profundizar su desarrollo y perfeccionamiento. Tal como lo ha señalado el Presidente electo Gabriel Boric, una mejor democracia se expresa al desconcentrar el poder, por ello sostenemos que se debe separar el ejercicio del cargo director(a) del Servicio Civil respecto del presidente(a) del Consejo ADP. Esto sería una reforma clave que permitiría lograr una real y eficiente fiscalización en materias de gestión de personas en las instituciones públicas y de esta manera fortalecer el talento humano en toda la administración pública.

Actualmente, que el mismo ocupante desempeñe ambos roles genera desincentivos para vincular la gestión del sistema ADP con la gestión del empleo público en el Estado, según estándares unificados para todos los servicios públicos de nuestro país.

Respecto del actual Consejo ADP también se requieren cambios profundos. Proponemos que este órgano colegiado evolucione hacia un nuevo Consejo del Servicio Civil cuya responsabilidad sea vincular las políticas en gestión y desarrollo de personas del Estado con el rol de los altos directivos públicos, integrando un sistema que hoy está desconectado. Un nuevo consejo paritario, con mayor representatividad y sin lógica binominal, que vaya a la vanguardia de los tiempos, instaurando las políticas de gestión de personas para todo el Estado y que siga conduciendo el Sistema ADP mediante un mecanismo más desarrollado de acompañamiento y perfeccionamiento a los directivos y directivas que lideran las organizaciones públicas. Cambiar el sistema de designación y composición de sus consejeros y consejeras otorgaría una garantía de democratización y profesionalismo en el marco de un espacio cuyas decisiones que adoptan impactan el ciclo de vida de centenares de servidores y servidoras públicas de Chile, sus servicios y la ejecución de las políticas públicas que emanan de cada institución.

Asimismo, será clave aportar a la descentralización de nuestro país profesionalizando la gestión de los servidores públicos de los gobiernos locales. Para ello, será necesario instaurar un Sistema de Alta Dirección Pública Local y Regional que se oriente a la mejora en los estándares de gestión y que ponga en el centro el desarrollo profesional y la adquisición de nuevas competencias de todos quiénes se desempeñan en los gobiernos regionales y en los municipios.

Hay evidencia suficiente que demuestra una ciudadanía que ya no resiste un Estado lejano que le da la espalda sin involucrarlo en las decisiones. Una concepción articulada del empleo público en Chile requiere de una necesidad para convocar espacios de mayor participación en la construcción de un Estado garante de derechos.

Nuevos tiempos requieren una mirada integral del Estado. Como dice el ex presidente del Uruguay José Pepe Mujica, "tenemos que trabajar mucho en la gestión pública".