Un nuevo rol para el Ejército en la frontera terrestre
En las últimas dos décadas la permeabilidad de la frontera norte del país se ha transformado en un desafío enorme frente al cual el Estado no ha sido capaz de entregar una respuesta adecuada. Esta deficiencia ha tenido consecuencias dramáticas para Chile: más de 220 mil inmigrantes han cruzado ilegalmente por pasos no habilitados.
Además, cientos de toneladas de drogas ingresaron para ser comercializadas en el extranjero o al interior del país. Han emergido con fuerza nuevos mercados ilegales, tales como el tráfico de armas, tráfico y trata de personas, contrabando de productos agrícolas y de cigarrillos. Asimismo, ha sido gracias a la porosidad de la frontera que el robo de vehículos se ha transformado en un buen negocio, ya que estos pueden ser vendidos rápidamente en países vecinos.
Este escenario da cuenta de una realidad ineludible: ninguna medida policial o judicial que aspire al control del delito en nuestro país tendrá un efecto significativo sino es acompañada por un control efectivo de la frontera terrestre.
Sin embargo, a diferencia de Europa y Norteamérica, Chile presenta la particularidad de no contar con una institución encargada exclusivamente de la seguridad y vigilancia de este tipo de frontera. Lo más cercano sería el Departamento Servicios de Fronteras de Carabineros (O.S.3), el cual tiene significativas limitaciones, ya que su potestad sobre las unidades policiales es eminentemente técnica y no operativa y cuenta con una baja dotación para cumplir sus objetivos.
Podríamos decir que el Ejército estaría cumpliendo hoy un rol frente a esta carencia, aunque de manera sumamente limitada. La ley 21.542, promulgada el 2023, entregó al Presidente de la República la atribución de disponer que las FF.AA. se hagan cargo, por un tiempo acotado, de la protección de la infraestructura crítica del país, lo cual incluye a las zonas fronterizas. No obstante, en esta tarea las Fuerzas Armadas solo tienen atribuciones para el control de identidad y el registro de vestimentas, equipajes o vehículos. Por otro lado, si bien se les permite la detención en caso de flagrancia, quienes resulten detenidos deberán ser puestos a disposición de las policías.
Estas facultades resultan reducidas en contraste con lo establecido en la Política de Defensa Nacional de Chile del año 2020. En este documento se reconoce al crimen organizado transnacional como una potencial amenaza a la seguridad nacional, ante la cual existiría una responsabilidad de abordar por parte del sector Defensa. Aunque es cierto que, según se señala, esta responsabilidad recaería principalmente en las autoridades civiles y las policías, es importante notar que, dentro de estas últimas, según la citada política, se incluye a la Policía Marítima dependiente de la Armada.
El involucramiento de la Armada en el control de la frontera marítima viene desde 1848. Recordemos que, en su correspondiente ley orgánica, se establece que a la Directemar le corresponde ejercer como Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, lo cual incluye la facultad de efectuar allanamientos, incautaciones y arrestos (Decreto con Fuerza de Ley N° 292, artículo 3°, letra l de 1953). Además, en el mismo ordenamiento, se indica que dentro del mar territorial y en aguas interiores, la autoridad marítima podrá dar cumplimiento a las instrucciones que impartan los fiscales del Ministerio Público respecto a personas, naves, artefactos o recintos portuarios. Asimismo, podrán realizar "las actuaciones que el Código Procesal Penal permite que la policía efectúe sin recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales" (Ibid. Artículo 34°).
Siguiendo este mismo esquema y atendiendo los flancos mencionados al inicio, es de toda lógica pensar que el Ejército perfectamente puede adoptar, de forma permanente, un rol similar en la zona fronteriza terrestre. Por supuesto, para lograr lo anterior no solo basta con impulsar una reforma que incorpore esta nueva función, sino se hace también necesario desarrollar una estrategia que le otorgue al Ejército mayores recursos, mayor dotación, que defina objetivos, planes de capacitación especiales y establezca mecanismos de control interno adecuados para evitar eventuales casos de corrupción.
En tiempos en que nos enfrentamos a una expansión sin precedentes del crimen organizado en Chile, resulta urgente abordar la importancia estratégica de la frontera terrestre en esta crisis. Por esta razón, entregarle atribuciones permanentes y mayor apoyo técnico al Ejército, parece ser un paso urgente y necesario.
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