Un paro justificado

El paro de los recolectores de basura puso de manifiesto las precarias condiciones en que se desarrolla el trabajo de estas personas. No se trata sólo de un ingreso miserable, sino que además no poseen mínimas condiciones laborales, de higiene como agua caliente, baños, lugar para comer, jornadas de 15 horas y todo esto en pleno siglo XXI.

Digamos que el nivel de ingreso indicado es cercano al mínimo legal y no se trata de trabajadores jóvenes sin experiencia laboral, por lo que no aplica una de las razones más usadas por los liberales.

Sorprenden asimismo las pueriles excusas de los actores involucrados: empresas, municipios, gobierno; que es un conflicto entre privados, que es el gobierno quien debe encontrar la solución, que son los municipios y si no se retira la basura se harán sumarios sanitarios, ¡que manera de tratar de evitar involucrarse!

Y claro, quien se puede interesar por hacerse responsable de esta explotación propia de siglos pasados. Y sin embargo todos eran responsables.

El Estado por no fiscalizar adecuadamente ni proveer los recursos necesarios.

Los municipios porque al externalizar un servicio indispensable, no  pusieron todas las condiciones necesarias para proteger a los trabajadores.

Las empresas por pagar sueldos miserables y vulnerar las normas sobre jornada laboral y condiciones mínimas para el desempeño de la actividad.

Dadas las numerosas irregularidades denunciadas y los bajos sueldos pagados digamos que los trabajadores demostraron un enorme espíritu de sacrificio y gran responsabilidad social, al buscar permanentemente el diálogo, justamente lo que no han demostrado los empresarios del sector.

¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esperar un año para conseguir algún arreglo en las condiciones de trabajo incluido el sueldo?

Entonces nos preguntamos. ¿Por qué las empresas pagan esas remuneraciones? ¿Será porque están operando casi al costo y sus utilidades son bajas o porque la precariedad de los trabajadores, en cuanto a opciones alternativas, los había llevado a aceptar esas condiciones por temor a una cesantía prolongada y los empresarios lucran más allá de lo que las remuneraciones de su personal están indicando?

En cualquier caso, corresponde al Estado y los municipios asumir integralmente el rol que les corresponde.

El Estado debe realizar la fiscalización de las empresas y hacer cumplir la ley, pero además debe establecer las regulaciones necesarias para que no se produzcan las diferencias detectadas entre el servicio provisto por privados y el que permanece como un servicio municipal (caso de Municipalidad de Santiago).

Los trabajadores han denunciado exageradas diferencias entre quienes realizan igual función pero con distinto empleador: público o privado

Resulta evidente además que en el proceso de licitación los municipios deben puntuar positivamente no sólo la calidad ofrecida del servicio, sino que también las condiciones de trabajo que se ofrecerán a los trabajadores y el nivel de remuneraciones que se cancelará.

El municipio debe ser solidario con los trabajadores que le otorgan un servicio tan indispensable como es el retiro de los desechos domiciliarios.

Una reflexión final. Hace unos días el ministro de Hacienda trataba de justificar el menor crecimiento económico por la inquietud que provocaba en los empresarios la reforma tributaria y el fin del FUT , en referencia a la disminución de ingresos que ambas medida provocarán en el 1% más rico de la población.

En el mismo país, trabajadores que ejercen en condiciones paupérrimas y con sueldos insuficientes son capaces de darse un año de plazo para que mejoren sus condiciones.

Buen ejemplo para todos, el que han dado los trabajadores.