Un plan para las reformas

La ciudadanía al aprobar, a través de un plebiscito de gran representatividad en octubre de 2020, el proceso constituyente que permitió elegir a los miembros de la Convención Constitucional, se pronunció -casi en 80%- por una ruta de cambio para Chile.

Este potente ejercicio democrático invita a reflexionar sobre las reformas a realizar, más aún, cuando hay una intensa búsqueda del camino a seguir por los pueblos y naciones ante el descrédito del sistema político internacional y su impotencia para responder a sucesos tan decisivos para el futuro de la humanidad como el calentamiento global, la violenta irrupción del fundamentalismo religioso o la incapacidad institucional para canalizar las luchas por la paridad de género, el respeto a los Derechos Humanos y el cese de toda forma de discriminación y sojuzgamiento.

En Chile, la potencia de la movilización social surge de la aguda desigualdad y los abusos de poder que distorsionan, en su esencia, el régimen democrático al quebrantar y anular el principio de igualdad y crear una enorme acumulación de riqueza y concentración del poder en un polo del país, frente a una extensa y mayoritaria franja de la población que vive en el endeudamiento y la precariedad, incluyendo un amplio sector en situación de pobreza y extrema pobreza.

En el proceso de restauración democrática, desde 1989, el sistema político no tuvo respuesta eficaz, tanto en el tiempo como en la envergadura necesaria frente a la desigualdad y el quiebre social fue de tal dimensión que desfiguró en medida decisiva los avances en crecimiento económico, desarrollo de la infraestructura, ampliación de las prestaciones sociales e incluso la fuerte disminución de la pobreza y la indigencia que se logró en los gobiernos democráticos.

Asimismo, la crisis en octubre de 2019 coincidió con un gobernante de desmesurado egocentrismo y de una autocomplacencia galopante, por tanto, el cuestionamiento de la desigualdad se unió con el rechazo frontal a la insensibilidad del sistema político, el que ya recibía un fuerte cuestionamiento social por los fenómenos de corrupción, enriquecimiento indebido y débil respuesta a abusos de poder tan masivos y vergonzosos como la colusión de las industrias de alimentos y fármacos.

Por eso, en ciertos protagonistas sociales se mezcla y confunde la brega contra la desigualdad con la idea de echar abajo la convivencia democrática del país, la que ven intervenida o, lisa y llanamente, entregada a los poderes fácticos económicos, de modo que también quisieran que caiga la institucionalidad que repudian.

En este contexto, la retórica destructiva que se cree "anti sistema" en nada ayuda a la acumulación de fuerzas por el cambio social porque aíslan a sus impulsores, reducen la amplitud de la movilización social pacífica, crean inseguridad y desconfianza por la infiltración de provocadores, facilitan una represión aún más violenta e indiscriminada, y finalmente, ha hecho crecer a la ultraderecha que ante el desgobierno que se produce responde con su simple e inequívoca receta represiva.

Así, paradójicamente, una grave crisis social y política contra la desigualdad evoluciona hacia el fortalecimiento de las fuerzas que protegen y representan esa desigualdad, es decir, crece una opción autoritaria que no acepta ni tolera contrapesos al poder económico y se ha robustecido la opción ultraconservadora y antidemocrática, la que más íntima y profundamente está comprometida con las injusticias imperantes.

Por eso, yerran los que ven la derrota del "centro" como un triunfo "anti neoliberal", porque no está dentro de las fuerzas democráticas el rival inmediato, ese no es el dilema a resolver. Asimismo, no se derrota el sistema neoliberal socavando la estabilidad democrática, debido a que el deterioro de la gobernabilidad crea inseguridad y temor que nutren directamente a la ultraderecha que apunta a una nueva versión de régimen autoritario y mercantilista en el país.

En consecuencia, en la lucha democrática y por el cambio social debe encarar la desigualdad, los abusos de poder y la exclusión de la ciudadanía en la toma de las decisiones fundamentales del país, la democracia representativa no basta. En sus limitaciones hay un serio obstáculo para el desarrollo histórico de la democracia chilena, se requiere más participación y derechos sociales.

Esa labor se inserta en los contenidos de la nueva Carta Política del Estado que elabora la Convención Constitucional, pero esa magna tarea hace indispensable el pleno ejercicio de la gobernabilidad democrática para incorporar a la ciudadanía y cercar tanto al neofascismo como a la destructiva radicalización anarquista que le hace el juego.

En el caso de imponerse una polarización que extreme las opciones en juego y tenga efectos de inestabilidad y desgobierno, muy difícilmente se podrán llevar a cabo las reformas pendientes, por cuanto las fuerzas se agotarán en la disputa inmediata por el poder y las energías necesarias para el proceso de cambios se habrán debilitado o incluso consumido.

La larga experiencia de poder del núcleo rector de la derecha se refleja en el manejo de las contradicciones a largo plazo y su apuesta al desgaste político y la frustración social que le permite crecer aun siendo la minoría cuestionada por las injusticias del sistema de dominación.

Al mismo tiempo, la situación de sus adversarios se caracteriza por la ausencia de un plan concordado y aceptado socialmente que establezca prioridades, que definan una estrategia y una secuencia, un ritmo en el proceso de reformas. Todas las ideas, programas y propuestas no se pueden hacer al mismo tiempo. La simultaneidad de las reformas es imposible. La derecha lo sabe y espera el fracaso de los cambios.

Por eso, la opción de las fuerzas de Nuevo Pacto Social, con Yasna Provoste, es la vía para avanzar a segunda vuelta y contar con las mejores condiciones para orientar y dirigir el proceso de reformas hacia los anhelos que han inspirado las multitudinarias movilizaciones sociales que han cambiado el escenario político en nuestro país.

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