Una buena idea del presidente del Senado

Dentro de las celebraciones del Bicentenario del Congreso Nacional el senador Guido Girardi, presidente del Senado, invitó a diversos actores a una reunión sobre las concesiones de obras públicas, la que se llevó a efecto el viernes 15 de julio de 2011 en la sede de Santiago de la Cámara Alta.

Asistieron representantes de las concesionarias, agentes públicos y delegados de organizaciones ciudadanas.

Diego Savino, gerente general de la autopista Costanera Norte, hizo un acabado resumen de la industria dando a conocer el desarrollo de la infraestructura en Chile bajo este sistema que comenzó con la adjudicación del túnel El Melón en 1993, siguiendo con diversas obras viales (autopistas) al interior de Santiago como interregionales. También se refirió a las concesiones de cárceles y de  hospitales.

En este democrático encuentro planteamos la necesidad de establecer reglas claras y preventivas con ocasión de los crecientes flujos vehiculares, sobre todo en la megalópolis de Santiago, ya que la débil normativa establecida en el artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) recurrentemente es violada por aquellos privados que no desean asumir los costos de sus intervenciones en los sectores más colapsados de las zonas urbanas.

Es decir, los anteriores no asumen las obras de mitigación vial con los consiguientes perjuicios, en el mediano y largo plazo, para la ciudad. Ello significa que, después de un tiempo, sea el Estado quien deba corregir la improvisación y el laissez faire.

Dejamos en claro que muchos proyectos inmobiliarios que tienen altas cargas de ocupación utilizan ardides, subdividiendo los predios, fraccionándolos y en casos ejecutando uno menos de los estacionamientos requeridos para aquellos, con lo cual no los someten al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) establecido en ese artículo 2.4.3. de la OGUC.

Esta normativa dice que los proyectos que tengan más de 150 y 250 estacionamientos, dependiendo de si son comerciales o de viviendas, respectivamente, para obtener los permisos de edificación deben contar con su correspondiente EISTU.

Nosotros entendemos que los privados, quienes siempre buscan maximizar sus utilidades, urdan este tipo de ardides para saltarse los marcos regulatorios y así evitarse mayores costos, pero lo inaceptable es que el propio ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el órgano del Estado que debiera preocuparse para que los EISTU sean fidedignos, sea quien tolere la institucionalidad de las trampas.

Nuestra sucinta exposición fue bien acogida por el coordinador de Concesiones del MOP y por el propio presidente del Senado, a quien le pedimos sus buenos oficios para que, entre los tres ministros sectoriales, Vivienda, Obras Públicas y de Transportes, establezcan con urgencia una mesa de trabajo con el fin de que los impactos que produce el crecimiento sean correctamente evaluados, exigiéndosele  al sector privado las medidas de atenuación de rigor.

Asimismo se tocó lo relacionado a la contaminación del aire y a las consecuencias negativas de la expansión urbana, en razón a las mayores distancias entre las viviendas y los lugares de estudio, trabajo y recreación.

Mientras más largos sean los desplazamientos vehiculares, mayor es la emisión de contaminantes a la atmósfera y Girardi, al respecto, se explayó con singular erudición sobre los materiales particulados 2,5 y 10, diferenciándolos en sus efectos en la salud de la población.

Se concluyó que las autopistas concesionadas llegaron para quedarse y en tal sentido, en la hora del café, se propuso que el gobierno haga las modificaciones regulatorias que correspondan, para que todas las anteriores en el país, ya sean las intra urbanas como las inter urbanas, dispongan de los adminículos llamados TAG para que las circulaciones sean más expeditas.

Y no solo lo anterior, se advirtió la necesidad de que a partir de una fecha próxima a determinarse, todo vehículo nuevo que se venda en el mercado debe ir con su TAG incorporado.

Por otro lado, se propuso la exigencia a los dueños de los mismos que, en un plazo de unos 4 años, sin importar su antigüedad y lugar de tránsito habitual, también deberían contar con ese TAG.

Como broche de oro y en función del bien común de la mayoría, habida cuenta las progresivas congestiones, se planteó el inicio de la tarificación vial, de tal forma que los automovilistas que utilizan las calles, siempre más demandadas,  (bienes nacionales de uso público) sin mayor justificación, incorporen en su bolsillo el costo de su antojo.

Ello naturalmente si el transporte colectivo entregue más adelante un servicio de calidad, lo que debiera acontecer.

Al término del encuentro Girardi manifestó que habrá una segunda ronda más amplia para que todos los que tengan algo que decir, lleguen a un cierto grado de consenso, en aras de mejorar la calidad de vida de todos los que nos desenvolvemos en las urbes.