Una cocina a espaldas del país: a la receta le faltan ingredientes
Como ciudadanos y representantes gremiales, seguimos sentados a la mesa esperando que el Gobierno concluya su período de "cocina política". Es de esperar que un proyecto que apenas lleva cuatro meses de gestión pruebe fórmulas, recetas y nuevos ingredientes; que cocine a fuego lento o suba la cocción de los proyectos de largo plazo. Sin embargo, el olor que llega del otro lado de la puerta es preocupante. Seguimos con atención el problema crónico de la gobernanza chilena, que insiste en administrar el país a puertas cerradas, una vieja práctica que afecta directamente a la ciudadanía y a las pymes locales.
El plato de fondo -una megarreforma económica diseñada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la "reactivación y reconstrucción", según el menú- propone la rebaja gradual del impuesto corporativo, un subsidio al empleo formal e invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$ 50 millones. Creemos que es una receta defectuosa desde sus inicios. En este comité de discretos chefs políticos parece haber un error profundo en el manejo de la despensa: faltan ingredientes de urgencia y sobran condimentos. Se han concentrado en soluciones de escritorio cuyos resultados teóricos veremos en el futuro, obviando las respuestas para el hambre de hoy; esas que, curiosamente, eran la oferta principal -incluso con plazos de días y nombres rimbombantes- durante la campaña.
Mientras las autoridades discuten en la academia si estamos o no en una "recesión técnica" -esa condición estadística donde el Producto Interno Bruto (PIB) registra un crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos-, la realidad de la calle ya cerró el debate. Llevamos cinco meses de Imacec a la baja y el propio Banco Central proyecta un modesto PIB de solo 1% a 1,75% para este año. Detrás del frío optimismo de las cifras macroeconómicas, hay tres golpes directos al bolsillo que ya están aquí y que configuran un brutal "efecto pinza" para la clase media y los sectores más vulnerables.
Hagamos el ejercicio con peras y manzanas, con los ingredientes reales de cualquier hogar chileno. Hoy el sueldo está congelado, pero las cuentas no. Tomemos un salario promedio de $850.000: si destinamos entre $350.000 y $400.000 al arriendo o dividendo, $250.000 a la feria y el supermercado, $80.000 a los servicios básicos de luz, agua y gas, y $50.000 al transporte, el total nos da $830.000. A una familia promedio le quedan menos de $100.000 para salud, educación, remedios o cualquier imprevisto. Cualquier gasto extra rompe el mes.
Esta asfixia económica empuja a los ciudadanos a dos trampas cotidianas. La primera es el pánico al desempleo, que escaló al 9,4% en el trimestre marzo-mayo 2026, su nivel más alto en casi cinco años, golpeando con especial fuerza a mujeres y jóvenes. Con el fantasma del despido rondando, nadie se atreve a exigir un aumento legítimo ni a reclamar por horas extra; tardar meses en reubicarse da pánico. La segunda es la trampa de la tarjeta de crédito: para llegar al día 30 hay que comer hoy con el dinero del próximo mes, usando el plástico del retail para comprar mercadería, acumulando intereses y haciendo crecer una bola de nieve impagable. No estamos hablando de flojos; estamos hablando de gente que trabaja, madruga, paga sus impuestos y cumple la ley, y que aun así no le alcanza para vivir.
Volviendo a las promesas de la despensa, la ciudadanía entregó su confianza al Ejecutivo para avanzar con urgencia en tres ejes esenciales: Economía, Seguridad y Salud. Hoy, estas tres áreas se encuentran en un profundo estado de abandono. Mientras el empleo formal se destruye y la informalidad laboral ya devora al 27% de los trabajadores, el miedo a la delincuencia se dispara en el territorio de acuerdo con mediciones de Data Influye y la Universidad San Sebastián. En paralelo, las listas de espera en el sistema público de salud se empinan casi hasta los 3 millones de usuarios que aguardan atención en el desamparo.
Y en la cocina política, en tanto, a espaldas de los comensales, se transó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau a cambio de aprobar a la rápida algunas partes del megaproyecto económico. Todo esto ocurre para tapar el bochornoso informe del Consejo Fiscal Autónomo, que alertó sobre una inconsistencia aritmética por US$ 10.500 millones en los balances del Estado, donde el déficit proyectado simplemente no cuadraba con el aumento reflejado en la deuda pública. En esa brecha oscura entre las necesidades reales y el cabildeo es donde crece el pacto de los operadores políticos y se reduce el bienestar social; allí pierden los ciudadanos y mueren las pymes.
Si las pymes caen, cae Chile completo. Hoy el motor del país vive una tormenta perfecta: crecimiento acotado, ventas que no repuntan y un financiamiento bancario que se congeló debido al alza del riesgo país. Los bancos sobreexigen papeles y cobran tasas altísimas, obligando al 73% de los microempresarios a inyectar sus ahorros personales para no quebrar. A esto se le suma una carga regulatoria feroz: sueldo mínimo al alza, la implementación de las 40 horas y una burocracia legislativa que las asfixia, porque los pequeños negocios no tienen departamentos legales para defenderse. Si no hay pymes vivas, no hay recuperación posible, porque ellas sostienen 7 de cada 10 empleos en el país.
Al cierre de esta reflexión vemos cómo la pataleta de los parlamentarios opositores Cicardini y Manouchehri amenaza con llevar esta megarreforma al Tribunal Constitucional avinagrando el panorama al de una fractura total en el comedor oficialista. Por un lado, el de la cocina de puertas cerradas entre el Gobierno, el PPD y una rebelión interna en el PS que amenaza con arruinar el banquete (una vez más) a una ciudadanía a la que se le recargará el bolsillo con la protección de la inversión a las grandes corporaciones.
Al gran empresariado se le otorgan certezas financieras e invariabilidad tributaria por un cuarto de siglo, mientras que al pequeño emprendedor y a la clase media se les impone una carga desmedida y planes a largo plazo que no se sostienen ante los recortes fiscales y el costo de la vida. Se necesitan de manera urgente códigos viables: empleo formal fiscalizado frente a los contratos basura, salarios dignos que cubran la canasta básica real -no la del papel- y créditos responsables con tasas que no ahoguen a quien cotiza y trabaja. Un país donde trabajar honestamente ya no alcanza para vivir, es un país que se quiebra por dentro. Chile sigue expectante a la mesa, cansado del cabildeo de pasillo y sin ánimos de aceptar un menú de escasez totalmente diferente al que nos ofrecieron en campaña.