Una comisión política revestida de experticia
Coescrita con Ignacio Sepúlveda Rodríguez, magíster en Gestión y Políticas Públicas U. de Chile
Modernizar el Estado es una tarea necesaria. Sin embargo, antes de discutir cuántos ministerios debe tener Chile conviene examinar quiénes han sido convocados para responder esa pregunta. La composición de la denominada Comisión de Nueva Arquitectura del Estado revela una contradicción: el Gobierno la presenta como una instancia experta, aunque está integrada predominantemente por figuras provenientes de la política, el derecho, los partidos y los centros de pensamiento vinculados con las élites nacionales.
Entre sus 12 integrantes encontramos exministros, exparlamentarios, antiguos dirigentes políticos y personas asociadas a think tanks. Varios poseen una extensa trayectoria pública y conocen profundamente el funcionamiento del poder. No obstante, haber ocupado cargos de autoridad no equivale necesariamente a disponer de conocimientos especializados sobre gestión pública, implementación de políticas, descentralización o capacidades estatales.
El problema no es que participen políticos. La organización del Estado constituye una decisión profundamente política y sería ingenuo pretender resolverla únicamente mediante criterios técnicos. Lo cuestionable es presentar una selección esencialmente política como una instancia neutral de conocimiento experto. Si el propósito es construir un acuerdo entre antiguas autoridades y distintos sectores partidarios, corresponde reconocerlo abiertamente.
La transversalidad política tampoco garantiza pluralismo. Una comisión puede incluir representantes de la derecha, el centro y la centroizquierda y continuar siendo homogénea en términos profesionales, sociales, territoriales e institucionales. En este caso, predominan abogados y antiguos ocupantes de cargos políticos, mientras están ausentes o insuficientemente representados los especialistas en administración pública.
Tampoco ocupan un lugar formal quienes conocen el Estado desde su funcionamiento cotidiano: funcionarios de carrera, directivos de servicios, profesionales municipales, gobiernos regionales y asociaciones de trabajadores públicos. Por otro lado, resulta especialmente preocupante la escasa presencia territorial.
El Gobierno ha señalado que la comisión podrá escuchar a funcionarios y otros expertos. Pero ser escuchado no equivale a participar en la definición del diagnóstico, los criterios de evaluación y las recomendaciones. Esa diferencia revela qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles quedan subordinados.
Aquí emerge una particular paradoja tecnocrática. No estamos frente al reemplazo de políticos por especialistas, sino ante decisiones políticas revestidas de lenguaje técnico para aumentar su autoridad y reducir su contestabilidad. Conceptos como "racionalización", "duplicidad" o "eficiencia" parecen neutrales, pero esconden decisiones distributivas: qué problemas conservarán representación institucional, qué grupos perderán interlocución y qué capacidades públicas serán fortalecidas o debilitadas.
Más preocupante aún es que la conclusión parece anteceder al diagnóstico: Chile tendría demasiados ministerios y sería necesario reducirlos. Una evaluación rigurosa debería comenzar preguntando qué capacidades requiere el Estado, cuáles son sus fallas de coordinación y qué evidencia demuestra que fusionar instituciones permitirá resolverlas.
La política tiene derecho a discutir la organización del Estado, pero debe asumir públicamente la responsabilidad por sus decisiones. Una comisión política puede construir acuerdos políticos; una comisión técnica debe demostrar la especialización, diversidad e independencia que justifican esa denominación.
Esta comisión parece demasiado política para ser genuinamente técnica, pero suficientemente revestida de experticia para legitimar una orientación previamente definida. Chile necesita una discusión seria sobre su Estado. Esa conversación no puede quedar nuevamente en manos de quienes conocen mejor los pasillos del poder que la experiencia cotidiana de la administración pública.