Una nueva Constitución para Chile

Camilo Escalona

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Lograr una nueva Constitución Política del Estado es un anhelo profundo de sucesivas generaciones de chilenos y chilenas desde el momento en que Pinochet impuso, fraudulenta e ilegítimamente, la actual Constitución del '80.

Con el triunfo del No, el 5 de octubre de 1988, Chile debió avanzar en esa dirección, no obstante, los perversos enclaves autoritarios instalados por Jaime Guzmán para perpetuar la institucionalidad de la dictadura y la dura resistencia de la derecha al cambio democrático prolongaron, indefinidamente, la restauración de una nueva Constitución, nacida en democracia. El Estado subsidiario se eternizó y la desigualdad social pasó a ser incontrolable.

Asimismo, después del triunfo del No, a pesar de la movilización social y el pacto electoral que se suscribió, sin exclusiones en la campaña de 1989, tampoco la izquierda y la centroizquierda pudieron alcanzar los 2/3 en ambas Cámaras del Congreso Nacional para tener el quórum necesario para concretar las reformas constitucionales que hubieran logrado la recomposición democrática de la institucionalidad de Chile.

Ese factor político e institucional fue decisivo en el bloqueo de la derecha, obsecuente a Pinochet, para prolongar los enclaves autoritarios. Recién el año 2005, a fines del gobierno de Lagos -entrando en vigencia en marzo de 2006- se logró el fin de los senadores designados y vitalicios, como el término de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y el rol tutelar del Consejo de Seguridad Nacional, pero siguió el rol subsidiario del Estado que reduce y maniata el rol de la institucionalidad ante la concentración económica y la colusión de los mega consorcios empresariales.

Sin embargo, el año 2009-10, una derecha mercantilista y soberbia por el retorno al poder, ganó las elecciones presidenciales y la perspectiva de reformas constitucionales se alejó aún más, por la simple y sencilla razón que Piñera se instaló a gobernar para acentuar la preponderancia del mercado, es decir, incrementar sin pudor los negocios de su insaciable grupo de poder y no iba a "perder tiempo" favoreciendo las demandas de quienes, al estar divididos, habían sido derrotados electoralmente.

Ahora bien, el año 2019, la multitudinaria movilización social del 18 de octubre y días posteriores provocó un cuestionamiento sin precedentes al sistema político por el retraso en las reformas a la institucionalidad, así como un desconcierto total en el gobierno que sufrió la caída estrepitosa del gabinete como antesala de una inestabilidad política, tan excepcional e intensa, que obligó al cambio constitucional, fue así que a través de múltiples contactos y el diálogo político se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, actualmente en curso, para avanzar hacia el viejo anhelo de tener una nueva Constitución, nacida en democracia.

En el Congreso Nacional, el Acuerdo del 15 de Noviembre, expresado en una inédita reforma constitucional que exigía 2/3 para ser aprobada, tuvo los votos favorables del total de las fuerzas representativas del sistema político de Chile, a lo menos en la estructura que hubo en los últimos 30 años, con el PS, PPD, PR, DC, RN y UDI, como también incluyó al Frente Amplio y Evopoli que están en el Parlamento desde marzo de 2018 y el PC que lo está desde marzo de 2010. De modo que ningún grupo político existente legalmente al inicio del proceso constituyente puede decir que carece de responsabilidad, desde su mismo origen, en las resoluciones y acuerdos de alcance constitucional que están en curso.

Asimismo, la ciudadanía independiente o sin partidos fue debidamente informada por tratarse de una solución a una crisis de legitimidad del sistema político. La alta participación ciudadana que ratificó esta ruta en el plebiscito de octubre de 2020 lo indica claramente, quebrándose la tendencia al aumento de la abstención electoral. Además, se reformaron las normas electorales para asegurar la legitimidad del proceso como la integración de los independientes, la participación de los pueblos indígenas con escaños reservados y la paridad de género.

La idea que a un exclusivo partido o fuerza política le corresponde lo justo y acertado y a los demás lo injusto y erróneo, es una distorsión totalmente insostenible. Nadie es el dueño de la verdad en la larga marcha del proceso histórico. Hay partes o elementos de esa verdad en el esfuerzo que cada uno de ellos realiza por el progreso social, pero el prurito de un protagonismo infalible por un partido es un mesianismo sin base de sustentación posible.

Esa errada pretensión hace mucho daño a la lucha de los pueblos y conduce a las más insensatas propuestas y a un abyecto autoritarismo, cómo pasa en Nicaragua, en que la perpetuación de Daniel Ortega ha llevado a que se aplaste los principios sandinistas, encarcele y reprima a destacados combatientes, como sucede con la comandante guerrillera Dora María Téllez.

La gran misión de la nueva Constitución para reponer la gobernabilidad democrática y, al mismo tiempo, tener la flexibilidad necesaria para integrar los cambios urgentes surgidos de la movilización social, requiere de un macizo pilar de principios democráticos que dejen atrás el mercantilismo neoliberal y se constituyan en un amplio acuerdo político y social de carácter nacional, sin sectarismos, inclusivo, abierto al conjunto de los actores democráticos que tienen representación social y no son parte del boicot al proceso constituyente.

No se debe olvidar el constante trabajo de grupos políticos ultraconservadores para desgastar la legitimidad de la Convención Constitucional. Incluso, en las recientes elecciones, el neofascismo salió del ostracismo en que se mantuvo desde que Pinochet fue derrotado. Ese factor no se puede perder de vista y no hay que hacerle el juego aunque sea involuntariamente.

Una nueva Constitución que oriente a Chile en la perspectiva de un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, descentralizado, que deje atrás el Estado subsidiario, que fue incapaz de reducir la desigualdad social y la marginalidad de un sector de la población. Ese objetivo requiere de un amplísimo arco de fuerzas que apoyen tales propósitos y, por cierto, ello no será posible si se quiere contar solo con un grupo de incondicionales, así se limitará el proceso constituyente a un nicho de apoyo supuestamente "duro", pero minoritario.

La Convención Constitucional es una ocasión única, irrepetible, para saldar la deuda histórica que se abrió el 11 de septiembre de 1973, cuando el Presidente Allende dio su vida defendiendo la institucionalidad democrática que cayó bombardeada e incendiada en La Moneda y la división de los demócratas chilenos fue incapaz de impedirlo.

No hay que frustrar esta ocasión histórica. Hay que sumar voluntades, derogar definitivamente la Constitución del '80 y lograr una nueva Carta Política del Estado, nacida en democracia, esa es la tarea fundamental. Nada debe frustrar ese magno objetivo.