Una turbia Cascada

A una cifra de 164 millones de dólares alcanza la multa con que la Superintendencia de Valores y Seguros ha procedido a sancionar a un grupo de accionistas controladores de las sociedades Cascada, por prácticas financieras indebidas, que les permitieron aumentar sus utilidades a costa de lesionar los intereses de inversionistas minoritarios en diversas sociedades relacionadas, organizadas de forma de cumplir tales propósitos.

La autoridad fiscalizadora ha logrado establecer una compleja y tupida red de entidades financieras que bajo la gestión y administración de Julio Ponce Lerou, servían para vender y recomprar acciones aumentando su precio en tales transacciones, desplazando el costo de tales operaciones hacia los accionistas minoritarios de las diferentes razones sociales involucradas.

La razón es simple, el controlador mayoritario se traspasaba las utilidades de una a otra sociedad relacionada y la pérdida del valor accionario se descargaba en los accionistas minoritarios.

Este enriquecimiento ilícito revela unas prácticas propias del capitalismo salvaje en nuestro país, aquel mismo que se instauró en el periodo del dictador que hiciera de su ex yerno, ahora en el centro de esta situación, uno de los más genuinos exponentes de un implacable método de acumulación de dinero, ese que aumenta utilidades y ganancias sin reparar en costos y procedimientos.

Ahora bien, lo especialmente escandaloso de la situación radica en que, no obstante la elevada sanción económica aplicada, la más alta en la historia de Chile, las utilidades obtenidas en estos ilícitos por quienes los cometen, triplican o cuadriplican el monto de las multas aplicadas.

La conclusión es clara, en estas "ligas" la autorregulación no existe. Aquí no se da el proverbio campesino que señala que "entre bueyes no hay cornadas".

Por el contrario, la crisis global del sistema a fines del 2008 y sus efectos posteriores, así como el caso Chispas en Chile y luego lo acontecido en La Polar, indican que al interior del sistema financiero se generan verdaderas luchas campales, en que cada cual trata de imponerse como sea, prevaleciendo el más crudo darwinismo económico, donde el más fuerte se traga al más débil.

Esta es la expresión práctica de la inconsistencia conceptual de Milton Friedmann, no hay libre competencia pura ni mercados incontaminados. Lo que hace necesario un Estado regulador y una institucionalidad fuerte capaz de asegurar condiciones de competencia que eviten la absorción de los más pequeños y la concentración de la propiedad y la riqueza en muy pocas manos.

Los financistas honrados esperan normas y garantías que les protejan, el deber de hacerlo corresponde al sistema institucional que no puede permanecer impasible mientras las energías productivas del país son exprimidas y expoliadas por prácticas usureras que se apropian de una preciosa parte de la riqueza social, creada por el esfuerzo del país en su conjunto.

Estos ilícitos debiesen significar el término de los permisos de operación de quienes les ejecutan.

Con ello, se daría una señal inequívoca de que el delito económico es drásticamente sancionado en Chile. Así se fortalecerían las buenas prácticas empresariales y ganaría el país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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