Una verdadera reforma a la salud y no maquillaje al gusto de las ISAPRES

La Cámara de Diputados acaba de rechazar parte importante del proyecto que modifica la ley de ISAPRES. Ahora el Gobierno deberá decidir si insiste con el en el Senado o lo desecha definitivamente.

La iniciativa fue gestada luego que fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema apuntaran hacia la enorme arbitrariedad del sistema privado de salud.

En particular, se ha cuestionado fundamentalmente la discriminación existente en los valores de los planes, afectando a grupos importantes, como mujeres y adultos mayores a quienes se cobra más y  la facultad de modificar unilateralmente esos precios sin que se demuestre la necesidad real de los reajustes en función de la situación personal de cada afiliado.

El proyecto del Gobierno tenía dos ejes centrales que pretendían originalmente resolver esas deficiencias. Por una parte, contenía la fijación de una tarifa única o plana, vale decir todos los usuarios pagarían lo mismo, evitándose discriminaciones. Por otro lado, se establecía un IPC de la salud que buscaba evitar alzas abusivas.

¿Qué ocurrió?

Las ISAPRES alegaron que la tarifa única podía generar una pérdida de afiliados, puesto que muchas familias numerosas verían aumentado el valor de su pago mensual y podrían cambiarse a FONASA. Ante ello el Gobierno decidió una corrección, estableciendo dos tarifas, una para menores y otra para mayores de 24 años. Ello le quita el carácter universal y sin distingos que se espera.

Asimismo, el IPC de la salud contenido en el texto no era de uso obligatorio sino referencial y fue rechazado porque el IPC es definido por un grupo de expertos todos pertenecientes a las ISAPRES, sin ningún representante de los usuarios.

Se define en base a la tasa de uso e inflación, vale decir con los mismos elementos rechazados por la Corte Suprema y se construye considerando los precios de las prestaciones en el sector privado, a través de las clínicas de propiedad de las ISAPRES, y no se consideran los precios del sector público.

Ello refleja claramente por qué la oposición rechazó el proyecto: está hecho a la medida de las ISAPRES. Más que buscar superar de una vez los abusos y reducir las millonarias utilidades del sistema privado de salud, se busca conciliar algunos tímidos avances con la mantención del negocio. Eso es impresentable.

Para que el proyecto hubiese tenido algún sentido, debió mantenerse la tarifa plana única y un IPC de la salud autónomo y elaborado por el INE.También es imprescindible regular los millones de seguros privados complementarios adicionales que hoy existen.

De aquí en adelante, lo más importante es avanzar hacia una reforma estructural del sistema que solidarice los costos y mejore, de una vez, la salud para todos.

Los chilenos merecen una salud digna, eficiente y oportuna que asegure que el resguardo de la vida y la integridad física y psíquica no dependan de los recursos económicos con que se cuente.