A 14 años de la tragedia de Antuco: Responsabilidad del Estado

Cristóbal Urruticoechea

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Hace 14 años ocurrió un dramático accidente que quedó registrado en nuestra historia más reciente. El 18 de mayo de 2005, dos compañías de soldados conscriptos del Regimiento Reforzado Nº17 Los Ángeles marcharon por las faldas del Volcán Antuco. Un simple ejercicio de término del periodo de formación básica, terminó convirtiéndose en una terrible tragedia que llevó a la muerte a 44 soldados y un sargento segundo.

Luego de la investigación, la justicia determinó que cinco oficiales del regimiento Los Ángeles fueron responsables del accidente, pero solo uno debió pagar con cárcel, aunque hace varios años que está en libertad condicional.

Fueron 78 los soldados que rehuyeron de la muerte, pero que todavía cargan con los recuerdos y los ecos de esta tragedia, porque si bien el tiempo hace lo suyo borrando de la memoria ciertos detalles, lo cierto es que el cuerpo hace tangible los estragos de este episodio. Hace algunos años, la Corte Suprema ordenó al Fisco a pagar una indemnización de 25 millones de pesos por "daño moral" a cada uno de los seis soldados conscriptos que demandaron al Estado de Chile.

Esto, porque se determinó la responsabilidad del Estado por dar órdenes de marchar a conscriptos en malas condiciones climáticas y sin las medidas de prevención correspondientes. Por otra parte, el mismo Estado se comprometió con los sobrevivientes y las familias afectadas en términos de salud y educación, otorgándoles becas de estudio a los hermanos de las víctimas, y beneficios previsionales y acceso a salud para los sobrevivientes, pero hoy esa ayuda está totalmente ausente.

El Estado no solo está en deuda por su responsabilidad en esta tragedia, sino también en los compromisos pactados hace algún tiempo atrás, precisamente como medida de resarcimiento. Los sobrevivientes y las familias, además de llevar el peso del recuerdo, deben enfrentar la dificultad de encontrar nuevas oportunidades laborales lo que finalmente deja a estas personas con problemas en los ámbitos familiar, laboral y personal.

Por eso mi compromiso es realizar todas las gestiones a mi haber para destrabar el proceso que tiene a 19 personas a la deriva en temas tan fundamentales como el acceso a la salud. Una de las acciones ya concretadas para avanzar en esta materia, fue solicitar la colaboración del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien se mostró abierto a apoyarnos y, posteriormente, acordamos una agenda de trabajo para encontrar beneficios a los afectados.

Por una cuestión de respeto y honor, no podemos abandonar a estas familias y, menos aún, a los sobrevivientes de esta tragedia que quedó en la retina de nuestra memoria. Eran soldados que estaban sirviendo al país y que perdieron su vida en ejercicio, por lo que responder y colaborar en mejorar, dentro de lo posible, su calidad de vida, es lo mínimo que, como Estado, podemos hacer.