Está claro que al Gobierno no le importa nada el proyecto de descentralización, hemos tenido que usar tirabuzones para sacar adelante estas normas, la urgencia se la hemos puesto desde la oposición, porque el interés del Ejecutivo es cero, asume, pero no hace nada.
Al contrario, soy un convencido que tener una autoridad local elegida democráticamente en cada una de las regiones del país va a equilibrar el poder centralizador que tiene hoy el régimen presidencialista, por una razón muy sencilla: los problemas de la región son muy comunes, va a haber una fuerza democrática con visión propia que va a obligar al gobierno a descentralizar. Se va a formar una fuerza de líderes locales.
Bajo esa premisa es que buscamos perfeccionar el proyecto sobre la descentralización financiera de los gobiernos regionales para garantizar el fortalecimiento de las regiones. Por eso estamos presionando, para despejar contradicciones y la poca claridad que hay aún en la generación de las normas marco que debieran ser fundamentalmente para lograr la implementación de fondos regionales, determinar qué rol va a jugar el Consejo Regional, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y, por cierto, la Dirección de Presupuestos.
De no aplazarse las elecciones en abril, en junio deben asumir los nuevos gobernadores regionales y ya estamos retrasados en la norma. De seguir con el ánimo del Ejecutivo, que no ha entendido que necesitamos fondos frescos a disposición de estas autoridades, debiendo además sacudirse de la hegemonía de la Subdere para realmente dar un primer paso en descentralización, estamos MUY retrasados.
No por tratarse de una ley corta vamos a pasar por alto la falta de financiamiento regional. Es imprescindible que el proceso de implementación de la descentralización se haga con autoridades regionales empoderadas, además de ser elegidas democráticamente. Sólo de esta forma lograremos el cambio que queremos, porque el nivel central se va a ver obligado a desligarse de la toma de decisiones que le compete sólo a las regiones.
Aquello hoy parece no ser necesario para el Ejecutivo. Así como acompañar a la ciudadanía con información relevante al respecto. No hay campañas de información. No hay implementación de medidas a tiempo para garantizar el proceso eleccionario y menos proactividad respecto terminar con el lógico resquemor de la ciudadanía para acudir a votar en medio de una pandemia.
Este Gobierno ha sido particularmente centralista, por su forma de gestión concentra todas las decisiones. Hace y deshace, prohíbe incluso que se lleven adelante proyectos regionales tan relevantes como lo hizo con el proyecto del túnel Agua Negra. Paralizando, sin arrugarse, con el trabajo de una comunidad completa en la Región de Coquimbo. En esta última gestión quedaron congelados proyectos como el aeropuerto de Tongoy, desaladoras, infraestructura hídrica y de conectividad.
No estamos en un momento político para jugar al límite con una práctica institucional presidencialista que coloca en desmedro a este Congreso. Lo fundamental es que cada autoridad, organización, ciudadano, juegue el rol que le corresponde. Así lo seguiremos haciendo respecto la implementación del proyecto para establecer las competencias de las futuras autoridades regionales, y en materia de presupuesto regionales. Ello porque se tiene que avanzar en profundizar la concreción de un proceso anhelado de cambio, que comienza a marcar su camino en esta próxima elección. Seamos coherentes con eso.
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