Más diálogo para la descentralización y el desarrollo
En estos días de emergencia climática, alcaldes y gobernadores regionales han debido actuar al límite de sus acotadas atribuciones para dar respuestas rápidas y pertinentes a comunidades afectadas por las inundaciones. Esta contingencia deja en evidencia, una vez más, un problema estructural que el país no puede seguir postergando: la esquiva descentralización, que abriría enormes posibilidades para mejorar las condiciones de vida a lo largo y ancho de Chile.
Los escasos avances en esta materia no tienen color político. Gobiernos de distinto signo se resisten a ceder poder y compartir los espacios de decisión -y de acción- con autoridades que han sido democráticamente electas para promover el desarrollo y el bienestar en sus territorios. Esa resistencia no puede explicarse como un simple descuido: es una decisión política.
¿Qué hacer entonces para avanzar? El diálogo sigue siendo la vía más efectiva para construir consensos y definir un proceso gradual, progresivo y persistente de descentralización para el desarrollo. Pero un diálogo real, no protocolar.
Estas semanas, Santiago es escenario de dos iniciativas que apuntan justamente en esa dirección: un ciclo de tres seminarios sobre descentralización organizado por la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) junto al Senado, y la cuarta versión de la SmartCity Expo Santiago, organizada por el gobierno regional de Santiago, que convoca a figuras de Chile y el mundo a discutir sobre innovación para construir ciudades más inteligentes, sostenibles, inclusivas y centradas en las personas.
La descentralización es, casi por definición, diálogo. Así fueron concebidos los principales instrumentos que el país se ha dado para la coordinación entre niveles de gobierno, como los convenios de programación o el mecanismo de transferencia de competencias establecido en la ley de Fortalecimiento de la Regionalización, promulgada en febrero de 2018. El problema no es la falta de herramientas: es la falta de voluntad para usarlas.
El diálogo requiere al menos dos partes dispuestas a ceder algo. Las autoridades regionales ya han demostrado esa disposición a través de iniciativas como las mencionadas. Ahora le corresponde al Ejecutivo responder con la misma voluntad, y hacerlo pronto: pasada la emergencia, no puede volver a postergarse la conversación sobre un proceso que es cada día más indispensable para las personas.