El gobierno boliviano presidido por Evo Morales aún no asume la catastrófica derrota sufrida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya en su demanda contra Chile sobre “Obligación de Negociar un Acceso al Océano Pacífico”. Así lo demuestran sus erráticas reacciones a dos semanas de la lapidaria sentencia que descartó las ocho fuentes jurídicas que fundamentaban la pretendida obligación de negociar.
El Presidente Morales ha pasado de la incredulidad, a la descalificación de la Corte a cual concurrió, al reclamo de un fallo “injusto”, al propósito declarado de enviar una carta a Naciones Unidas para acusar las supuestas contradicciones de la sentencia (como si la Corte no fuera la instancia jurídica máxima de Naciones Unidas), a acusar a la “oligarquía chilena” de querer desestabilizarlo y dividir al pueblo boliviano, a un reclamo de que la sentencia de la CIJ benefició a “los invasores y las transnacionales” y, más recientemente, al envío de una carta al Presidente de la República de Chile (conocida por los medios antes que por su destinatario, demostrando así su inútil propósito comunicacional) haciendo un llamado imperativo al diálogo bilateral.
La carta en cuestión amerita un breve análisis.
Primero, el presidente boliviano se refiere a la Constitución boliviana citando que esta establece un Estado pacifista, promueve la integración entre los pueblos, y respalda la creación de condiciones para mantener la justicia y el derecho internacional.
En ningún párrafo de la misiva se menciona el artículo 267 de la Constitución boliviana que plantea, con total desapego a las normas del derecho internacional, un supuesto “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, y tampoco se menciona la disposición novena transitoria de la Ley Fundamental que desconoce obligaciones internacionales al resolver que el ejecutivo “denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”, cuestión desarrollada en una ley permitiendo la posibilidad de “demandar ante tribunales internacionales” los tratados internacionales anteriores a la Constitución. Ni una palabra sobre esta raíz de la demanda boliviana en La Haya.
Segundo, la carta de Morales no expresa un acatamiento del fallo de la CIJ sino “su respeto por la reciente decisión de la Corte” (durante días el gobierno boliviano se refirió al fallo como “un informe”).
Y luego sostiene que para dar “cumplimiento al fallo”, La Paz invita a Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia, argumentando que existiría una “invocación” de la Corte a dialogar, según lo supuestamente establecido en el párrafo 176 de la sentencia, párrafo que a simple lectura deja en evidencia que no se trata ni de una invocación, llamado, o sugerencia siquiera.
La misiva de Morales vuelve sobre los “temas pendientes” entre los dos países que, en clave boliviana, no se refiere a la inexistencia de relaciones diplomáticas rotas por Bolivia hace 40 años, ni a la conveniente integración bilateral, sino claramente a la aspiración sobre parte del territorio nacional; es decir a conseguir soberanía territorial en contraposición a lo ya resuelto y gobernado por el Tratado de 1904 que fijó a perpetuidad las fronteras entre los dos países.
Igualmente, sorprendente resulta la entrevista, a un medio capitalino, del agente boliviano en La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé, quien advierte que si Bolivia y Chile asumen un camino de entendimiento no sería “necesario volver a escenarios judiciales”, y, yendo más allá de la carta de Morales, evalúa el párrafo 176 de la sentencia de la Corte como una “recomendación explícita”, agregando que Chile “debe responder con una propuesta seria y respetuosa”. No faltaba más; así quien no se entiende.
El gobierno boliviano ha tomado el camino errado. Debería acatar la sentencia inapelable de la Corte y respetar el Tratado de 1904.
De lo contrario se perderá una ocasión más de entendimiento e integración bilateral, como lamentó una vez el ex Canciller boliviano Walter Montenegro en su libro Oportunidades Perdidas sobre la historia de las relaciones entre Chile y Bolivia.
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