Llegó el día. Luego de una larga tramitación, hoy está en tabla el TTP-11 para su votación en el Senado. Es un tratado que ingresó en 2018 al Congreso y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados/as, y luego por las comisiones de RR.EE. y de Constitución de la Cámara Alta. Todo indica que, más allá del resultado, será una votación que traerá más de alguna controversia, particularmente en el corazón del gobierno, toda vez que senadores oficialistas han manifestado posiciones divergentes sobre este acuerdo. La discusión sobre el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico se ha tomado la agenda política precisamente por la resistencia del PC y sectores del FA en las últimas semanas en contraposición a senadores del Socialismo Democrático. Nuevamente queda en evidencia las dos almas que cohabitan en La Moneda.
Pero, ¿de qué se trata el TPP11? Según sus propias disposiciones, consiste en un tratado que tiene por objeto avanzar hacia una integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Sus orientaciones específicas indican que persigue "promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible". Está integrado por 11 países del Asia-Pacífico. Estos son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. De estos 11 países, sólo falta que Brunei y Chile lo ratifiquen.
Como contexto general de esta discusión, hay que señalar que este acuerdo se enmarca en una política de Estado permanente que Chile ha venido realizando desde la recuperación de la democracia. Es un camino que Chile inició hace muchos años y que ha permitido su integración al comercio mundial. Las cifras son elocuentes en muchos ámbitos. Sólo un dato, según la Odepa-Ciren, entre los años 1999 y 2019 la superficie plantada con frutales en el país pasó de 182.556 a 342.654 hectáreas. Esta cifra demuestra que todas las regiones han registrado un aumento en su superficie con plantaciones de diversa naturaleza gracias a este tipo de acuerdos. No obstante, este tipo de indicadores, las señales emanadas desde la Cancillería chilena apuntan a que existe una convicción orientada a cambiar o, a lo menos revisar, esta política de apertura comercial. El subsecretario Ahumada ha sido elocuente al respecto.
Dicho lo anterior, vale preguntarse si este tratado es conveniente para el país. A continuación expongo tres razones en un sentido afirmativo. Veamos.
Primero, porque esta unión de 11 países da lugar a participar de un mercado de más de 500 millones de personas. Es evidente que para una economía de casi 20 millones de personas constituye una buena noticia, y también de oportunidades, poder acceder a un mercado compuesto por medio billón de posibles compradores. Segundo, en materia comercial, abre la posibilidad de mejorar las condiciones para Chile en 3.000 productos o líneas arancelarias, particularmente en el sector silvoagropecuario. Tercero, porque favorece el intercambio comercial que impacta a la economía del país y que, según estimaciones, puede significar un comercio potencial de 1.200 millones de dólares. En un momento complejo en el plano económico, parece lógico y oportuno aprobar este tipo de acuerdos. Es difícil sostener la idea que un país pequeño y alejado en el mapa mundial, se cierre a integrarse al mundo. Bajo este contexto, las side letters parece más bien un recurso para postergar esta aprobación. Con muchos países que están ya en este acuerdo, Chile tiene establecido mecanismos de resolución de controversias. En base a estas consideraciones, es posible señalar que no existen razones de fondo para continuar dilatando la aprobación del TTP11.
Es de esperar que prime la racionalidad más que posiciones ideológicas maximalistas. Ya vimos suficiente de aquello en la reciente Convención Constitucional. La defensa de los intereses de Chile no se puede hacer sobre un proteccionismo mal comprendido o sobre argumentos que descansan de un "neosoberanismo" que nada tiene que ver con una política de Estado que ha permitido ubicar al país entre las naciones con mayor integración política, cultural y económica de América Latina y que ha traído notables progresos al país.
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