Gobierno y Acuerdo de Escazú, no han entendido nada

Catalina Pérez Salinas

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Han pasado casi dos años desde que Cancillería dijo que necesitaba "más tiempo" para analizar el articulado del Acuerdo de Escazú.

Sí, ese mismo, el que redactaron y promovieron activamente desde el 2012, previo a la COP25. Este martes, a días de que se cumpla la fecha límite, el Gobierno de Sebastián Piñera entregó un documento de 12 páginas con sus razones para negarse a firmar. Los argumentos son vergonzosos, groseros e indignantes. Los detallo a continuación para que saquen sus propias conclusiones.

Primer argumento, el hecho de que se dé un reconocimiento y protección a los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales generaría desigualdad ante la ley frente a otras agrupaciones de DDHH.

Todo esto, mientras Amnistía Internacional levanta campañas con el rostro de Rodrigo Mundaca, mientras se investiga el asesinato de Macarena Valdez, y se desclasifica como organismos de inteligencia persiguen a dirigentes sociales. ¿Entonces qué? desconocemos las condiciones objetivas de quienes ponen en riesgo su vida para defender sus territorios.

El Estado sigue siendo cómplice, y alguien podría sostener, autor de la persecución y del asesinato de activistas.

Segundo argumento, el Acuerdo podría generar cambios inciertos si los tribunales lo hicieran prevalecer por sobre una ley nacional.

El problema no es de incerteza, evidentemente el Acuerdo pasa a ser parte de la legislación nacional, por el contrario, el problema es político.

¿A quién le quiere dar certezas el gobierno?, ¿a los territorios, a las comunidades, a la gente, o a las empresas que depredan el medio ambiente?

Tercer argumento, temen que los principios del acuerdo como por ejemplo la buena fe, el principio de no regresión, la igualdad ante la ley, entre otros, se interpreten contra una ley nacional, pero no detalla cuáles.

Si el Gobierno considera que existe una legislación que atenta contra principios tan básicos como los ejemplificados es gravísimo, estaríamos atentando contra los principios generales del derecho nacional e internacional, que por los demás ya se encuentran incorporados en otros instrumentos que ya hemos suscrito como país sin mayores reticencias

Cuarto argumento, "el pacto podría exponer al país a demandas internacionales por infringir  normas de derecho internacional medio ambiental sostenidas en el acuerdo".

Y aquí, ¿cuál es el miedo? si según la propia ministra cumplimos con el estándar, y por lo demás, esta prevención no existe respecto a los Acuerdos Transpacíficos de Cooperación Económica (TPPs), como el TTP11, en que no serán ni siquiera los intereses de un país extranjero los contrapuestos, sino los de empresas extranjeras o multinacionales las que nos someterán al arbitrio internacional.

Bajo ese argumento, mejor cerramos por fuera y no firmamos nunca más ningún tipo de instrumento internacional, ¡imagínense! luego tendríamos que cumplir lo que mandata (pero ojo, evidentemente eso tendría que incluir también los Tratados de Libre Comercio).

Es muy preocupante que Chile vea como una amenaza ser llevado al Sistema Interamericano de DDHH.

Aquí se están poniendo los intereses de un Gobierno que ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos de personas, que siendo afectadas, como lo vimos de sobra en el contexto de la revuelta de octubre, tienen derecho a buscar justicia en un tribunal internacional y ser protegidas por la legislación vigente.  

El Gobierno de una de las fortunas más grandes del mundo sigue teniendo claro a qué intereses responde, pretende seguir actuando con impunidad y vuelve a darle la espalda a las grandes mayorías del país.

Siguen sin entender de qué se trata esto, que no habrá futuro sin planeta y que nuestros territorios dejaron de ser tierra de conquista.

Siguen creyendo que nos pueden pasar por alto y que nos volveremos a dormir por 20 años.  No han entendido nada.