El impuesto de pertenecer
Vivir en sociedad exige mirar a los demás en toda su complejidad. Cada persona tiene una historia, convicciones y vínculos diversos. Sin embargo, a veces basta que una de esas dimensiones se vuelva visible para que olvidemos todas las demás. Entonces dejamos de ver a un individuo y comenzamos a verlo únicamente como representante de una religión, una nacionalidad o una cultura.
Las identidades religiosas son especialmente vulnerables a esa simplificación. Quizá porque contienen tradiciones antiguas, símbolos reconocibles y fuertes vínculos comunitarios, tendemos a imaginar que quienes comparten una fe también comparten necesariamente las mismas ideas. Olvidamos que dentro de cada religión existen distintas sensibilidades, interpretaciones, experiencias y desacuerdos, como ocurre en cualquier sociedad.
Preguntar a alguien por su tradición o por su manera de comprender el mundo puede ser una expresión genuina de interés. El problema aparece cuando la pregunta ya contiene una respuesta anticipada; cuando no busca conocer a la persona, sino confirmar aquello que creemos saber sobre el grupo al que pertenece.
Quien forma parte de una minoría conoce bien esa experiencia. Con cierta frecuencia debe explicar hechos que no protagonizó, decisiones en las que no participó o ideas que nunca expresó. Se le pide que aclare, condene o tome distancia, como si su pertenencia llevara consigo una responsabilidad adicional. Es lo que podríamos llamar el impuesto de pertenecer: la obligación de justificar la propia identidad antes de poder ser reconocido como individuo.
El 22 de agosto, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. La fecha suele llevarnos a pensar en sus manifestaciones más visibles: ataques contra templos, amenazas, profanaciones o agresiones físicas. Pero la resolución que estableció esta conmemoración menciona también la violencia dirigida contra hogares, escuelas, negocios, propiedades y centros culturales. La intolerancia religiosa no permanece encerrada en los lugares de culto. Acompaña a las personas en los espacios cotidianos en los que estudian, trabajan y desarrollan su vida.
Antes de alcanzar esas expresiones, la violencia suele recorrer un camino menos evidente. Comienza cuando dejamos de relacionarnos con alguien como una persona singular y pasamos a verlo como una representación de algo más grande. No toda generalización conduce a una agresión, por supuesto. Pero toda violencia basada en la identidad necesita previamente de esa reducción.
El antisemitismo ha utilizado históricamente este procedimiento. En épocas y contextos diferentes, los judíos han sido presentados como un cuerpo homogéneo, dotado de una voluntad común y responsable colectivamente de acontecimientos sobre los cuales la inmensa mayoría no tenía poder alguno. Ya no se está frente a una persona judía concreta, sino frente a una abstracción construida previamente.
Reconocer este mecanismo no significa impedir la crítica ni evitar las conversaciones difíciles. Una sociedad democrática necesita discutir ideas, instituciones y decisiones con libertad. Sin embargo, la crítica pierde fuerza cuando abandona los hechos y se dirige contra una identidad.
Chile cuenta con normas que reconocen la libertad religiosa y prohíben la discriminación fundada en las creencias. La ley 19.638 establece expresamente que ninguna persona puede ser discriminada en virtud de su religión. Sin embargo, la igualdad jurídica no resuelve por sí sola la manera en que nos miramos.
Quizá el primer gesto contra la violencia basada en la religión sea, entonces, uno bastante sencillo: devolver a cada persona su derecho a ser singular. Preguntarnos si exigiríamos la misma explicación a quien pertenece a la mayoría. Distinguir entre quien tomó una decisión y quien comparte una creencia. Escuchar la respuesta real antes de atribuir una posición imaginada.
Una democracia no se mide únicamente por la posibilidad de mantener abiertas sus sinagogas, iglesias, mezquitas y templos. También se mide por lo que ocurre cuando las personas salen de ellos y regresan a la vida común. Si pueden hacerlo como ciudadanos entre ciudadanos, responsables de sus propios actos y dueños de sus propias palabras, o si deben continuar pagando el impuesto de pertenecer.