El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer recientemente su plan para disminuir el precio de los medicamentos. Una de las estrategias es aprovechar el poder “monopsónico” de compra de Cenabast y las Isapres, el cual no se está utilizando eficientemente.
Esta institución pública dependiente del Minsal, adquiere fármacos a precios significativamente menores a los que pueden acceder las farmacias, sean cadenas o independientes.
El paso natural sería autorizar que Cenabast venda también a las farmacias independientes para fortalecer una red de dispensación farmacéutica a lo largo del país, con precios similares al del sector público y farmacias populares, para toda la población.
Por ello, no se entiende por qué el rol de este organismo no está enmarcado en una política de Estado que organice la excesiva dispersión de indicaciones legislativas y medidas, que este mismo gobierno ha impulsado en desmedro del sector farmacéutico y sus Pymes.
Es más, hoy no se está dando cumplimiento al artículo 2 de la Ley Fármacos I, que obliga a todos los proveedores a no realizar prácticas que impliquen discriminar a las farmacias en razón de su tamaño o por no pertenecer a una cadena o una asociación de compra.
Si esto sucediera, el ministerio habría constatado la evidente contradicción de licitar un convenio de rebajas entre Fonasa y alguna cadena de farmacias, cuando el Estado, ellos mismos, tienen la capacidad de manejar los precios a la baja por su volumen de compra, y garantizar efectivamente que los medicamentos sean parte de la seguridad social.
Pero más llamativo es que el titular de la cartera hable insistentemente de terminar con la integración vertical entre cadenas y laboratorios (actualmente una en nuestro país), y a la vez pretenda fidelizar a los usuarios de Fonasa con alguna de ellas.
Esta licitación concentra aún más el mercado, dado que ninguna farmacia independiente mediana o pequeña está en condiciones de participar. Inevitablemente se producirá el cierre y quiebre de cientos de estas. Todo por un descuento que cualquier persona puede conseguir un día miércoles o jueves de oferta.
Pero el problema no es la integración, sino que se tolere la falta de competencia. Medidas con beneficios concretos para los pacientes, serían aquellas que terminaran con las actuales barreras sanitarias que impiden la importación de fármacos bioequivalentes procedentes de países de Asia, India, Rusia, entre otros.
El recetario magistral es otra poderosa arma antimonopólica, mejora el acceso y disminuye el valor de cientos de medicamentos. Lamentablemente, un decreto proteccionista (79/2010) lo tiene al borde de la extinción.
El futuro de la red de dispensación farmacéutica desconcentrada requiere ser abordada políticamente con el cuidado y responsabilidad que amerita descartando de plano indicaciones como la venta de fármacos OTC en supermercados, que en nada aportan a la rebaja de precios.
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