El nuevo ciclo político y la oportunidad de alinear salud y productividad
Las dificultades del sistema de salud chileno no se expresan solo en percepciones o casos individuales. Se refleja en patrones persistentes: esperas prolongadas, tratamientos que llegan tarde y procesos administrativos que terminan imponiéndose sobre la urgencia clínica. Estas experiencias ya no son solo relatos. El estudio "Caracterización del gasto en salud y medicamentos" -desarrollado junto a la Pontificia Universidad Católica- muestra un dato estructural difícil de eludir: la forma en que Chile financia la salud no ha cambiado en más de una década. Más del 34% del gasto total en salud sigue siendo financiado directamente por los hogares y, en el caso de los medicamentos, esa cifra supera el 60%.
El sistema continúa trasladando el riesgo financiero a las personas y, en este contexto, insistir en que el problema central es la falta de recursos resulta insuficiente. El desafío principal es la capacidad del sistema para transformar gasto en acceso oportuno, especialmente en el sector público. Las listas de espera son el síntoma más visible. El trabajo realizado con el Laboratorio de Innovación Pública de la UC ha mostrado que una parte relevante de estas demoras no responde a escasez de médicos o infraestructura, sino a fallas de gestión: pacientes duplicados, derivaciones inconclusas y ausencia de trazabilidad, siguen siendo prácticas habituales.
La reciente suspensión de procesos de evaluación económica para nuevas tecnologías vuelve a instalar una lógica conocida: la restricción presupuestaria entendida solo como gasto inmediato, sin considerar el impacto sanitario y financiero en el tiempo. En 2024, el gasto asociado a fallos judiciales en salud superó ampliamente los recursos originalmente considerados para ese fin. Evaluar innovación solo desde el costo directo es desconocer que muchos medicamentos generan ahorros futuros y retornos sistémicos: menos hospitalizaciones y menor uso de camas críticas, entre tantos otros.
A este cuadro se suma un elemento que ha ganado peso silenciosamente en el presupuesto: el gasto en licencias médicas: su crecimiento sostenido ha generado una presión fiscal significativa, compitiendo directamente con el financiamiento de listas de espera, medicamentos y prevención. En paralelo, Chile está desaprovechando una oportunidad estratégica en investigación clínica. Los ensayos clínicos representan una de las principales fuentes de inversión privada en I+D en salud. Sin embargo, barreras regulatorias, demoras administrativas y falta de coordinación han reducido la competitividad del país.
La economía de la salud existe precisamente para permitir estas comparaciones, pero sigue siendo subutilizada en la toma de decisiones públicas. El desafío del nuevo ciclo político no es volver a constatar los problemas, sino movilizar esas capacidades en una dirección común. En salud, ningún actor puede avanzar solo: el Estado, el mundo clínico, la academia, los pacientes y el sector privado se necesitan mutuamente. Cuando esa colaboración ocurre, el sistema no solo resiste: mejora, aprende y se transforma. Ese es el camino para construir una salud más oportuna, equitativa y sostenible.
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