Gastar menos no siempre es gestionar mejor
La discusión del Presupuesto 2027 ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de controlar el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. En un escenario de restricciones fiscales, revisar programas, corregir ineficiencias y establecer prioridades es indispensable. Sin embargo, reducir recursos no necesariamente significa gestionar mejor. No basta con preguntarse cuánto podemos ahorrar, también debemos considerar qué resultados estamos comprometiendo y qué costos podrían generar esas decisiones.
El proyecto de ley de Presupuestos 2027 contempla un crecimiento real del gasto público de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026. En las asignaciones sectoriales, y utilizando la base de comparación presupuestaria correspondiente, Salud registra un aumento de 4,7%, mientras que Educación presenta una variación real cercana a cero. Estas cifras muestran diferencias en las asignaciones de recursos, pero por sí solas no permiten evaluar sus consecuencias sobre el bienestar de la población.
Un ejemplo es el financiamiento de la ley Ricarte Soto. Aunque el presupuesto global de Salud aumenta, el proyecto contempla una reducción real del 14,6% para el fondo destinado a diagnósticos y tratamientos de alto costo. El Gobierno ha señalado que las garantías vigentes están resguardadas y que, de ser necesario, se incorporarán recursos adicionales durante el año.
Sin embargo, los antecedentes de ejecución muestran que esta política requiere recursos significativos y que durante 2026 ha presentado una ejecución elevada respecto de su presupuesto inicial. Más allá de discutir el monto asignado, corresponde examinar si las proyecciones consideran adecuadamente la evolución de los beneficiarios, los costos de los tratamientos y las necesidades futuras de financiamiento. Una buena gestión presupuestaria requiere anticipar estas obligaciones y no depender sistemáticamente de ajustes durante el año.
Pero las decisiones que afectan la salud de la población van más allá de su presupuesto. Mejorar las condiciones de salud no depende exclusivamente de cuánto se destine a hospitales, medicamentos o tratamientos. La educación, la vivienda, el empleo y el medioambiente, entre otros factores, también influyen en las oportunidades de las personas para mantener una buena salud. Por eso, las decisiones presupuestarias en estos ámbitos pueden tener consecuencias sanitarias, aunque no se reflejen directamente en las cuentas del Ministerio de Salud.
La evidencia muestra cómo estas relaciones se manifiestan en distintos ámbitos. Un estudio realizado en Nueva Zelanda encontró que las mejoras de aislación térmica de viviendas generaban beneficios sanitarios, energéticos y ambientales valorados entre 1,5 y 2 veces el costo de la intervención. En Chile, una investigación sobre Los Ángeles y Chillán identificó disminuciones en determinadas consultas de urgencia respiratoria asociadas a medidas de control de episodios críticos de contaminación. Asimismo, un metaanálisis publicado en The Lancet Public Health en 2024 encontró una asociación entre mayores niveles de escolaridad y menor mortalidad adulta.
Estos estudios no permiten anticipar las consecuencias de una reducción presupuestaria específica, pero muestran que las políticas de vivienda, educación y medioambiente pueden generar beneficios sanitarios que exceden sus objetivos sectoriales.
Esta mirada también tiene una dimensión de equidad. Cuando disminuye la cobertura o calidad de un servicio público, las consecuencias no afectan a todas las personas por igual. Mientras algunas familias pueden compensar estas carencias mediante recursos propios, otras deben enfrentar mayores gastos, postergar necesidades o simplemente prescindir de ciertos servicios.
En salud, esto puede significar postergar una consulta, interrumpir un tratamiento o no acceder oportunamente a la atención necesaria, con consecuencias que van mucho más allá del gasto económico. Así, un ahorro presupuestario puede terminar trasladando costos desde el Estado hacia los hogares, con el riesgo de profundizar desigualdades que no aparecen reflejadas en los indicadores financieros.
Esto no significa que todos los programas deban mantener sus recursos ni que aumentar el gasto garantice mejores resultados. Existen programas que pueden presentar duplicidades, baja efectividad o resultados que no justifican los recursos utilizados. Corregirlos, reducirlos o incluso eliminarlos también es parte de una buena gestión pública. Pero las decisiones deben considerar tanto los costos como los resultados, incluidos aquellos que se producen fuera de la institución responsable. En un contexto de recursos limitados, la eficiencia exige comparar alternativas y priorizar aquellas que generen mayores beneficios para la población.
Desde el control de gestión, esto plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones públicas. Muchos problemas requieren la participación de distintos ministerios, pero sus resultados suelen evaluarse de manera separada. Incorporar objetivos compartidos, indicadores de resultados conjuntos y evaluaciones que consideren los efectos sobre otras instituciones permitiría contar con mejores antecedentes para asignar recursos y establecer prioridades. No se trata de eliminar las responsabilidades de cada organismo, sino de evitar que el cumplimiento de metas individuales termine perdiendo de vista los resultados que se buscan alcanzar como Estado.
La discusión presupuestaria debería ir más allá de cuánto aumenta o disminuye el gasto público. La sostenibilidad fiscal es indispensable, pero también lo es comprender qué beneficios estamos dejando de obtener y quiénes asumirán las consecuencias de nuestras decisiones. La eficiencia del Estado no se construye sumando ahorros aislados, sino tomando decisiones que eviten trasladar costos entre instituciones, generaciones y personas.