Cien años de áreas protegidas: ¿Qué conservación necesitamos hoy?
La semana pasada se realizaron en Chile el sexto Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal y el Encuentro de Conservación Chile-California. Ambos coincidieron con el centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, una ocasión para reconocer los aportes de las áreas protegidas, pero también para revisar su historia y preguntarnos qué relatos sobre la conservación seguimos invisibilizando.
Los parques nacionales han resguardado ecosistemas y especies extraordinarias, gracias al trabajo de generaciones comprometidas con su protección. También destacan experiencias como la conservación comunitaria en Rapa Nui y Juan Fernández, donde un pueblo indígena y una comunidad local conducen sus propios procesos de conservación y ejercen la gobernanza de sus territorios.
Estas experiencias contrastan con una visión clásica que aún predomina en las políticas y discursos sobre conservación. En sus orígenes, este enfoque consideraba a quienes habitaban los territorios una amenaza para la naturaleza y buscaba excluirlos. Con el tiempo, esa exclusión ha dado paso a enfoques que consideran a las comunidades como vecinas o "comunidades portal", promoviendo su participación en los beneficios de las áreas protegidas, pero sin cuestionar necesariamente quién toma decisiones sobre esos territorios. Porque participar no es lo mismo que decidir, especialmente cuando muchas áreas protegidas se superponen con territorios indígenas cuyos pueblos tienen derechos propios.
La historia de las áreas protegidas en Chile también incluye despojos y vulneraciones de derechos indígenas. En el Parque Nacional Villarrica, por ejemplo, comunidades mapuche enfrentaron restricciones a prácticas tradicionales como la recolección de piñones y el uso de espacios ceremoniales. No todos los parques tienen la misma trayectoria, pero celebrar cien años de conservación exige reconocer estas injusticias y sus consecuencias hasta hoy, para avanzar en su reparación y evitar que se repitan.
Esto interpela especialmente al Gobierno, responsable de implementar el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Mejorar la gestión efectiva del sistema es una prioridad necesaria, pero no puede ser el único horizonte de esta nueva institucionalidad. Su implementación debe ser también una oportunidad para abordar las injusticias históricas y avanzar en su reparación, garantizar derechos y reconocer distintas formas de gobernanza: estatal, compartida o ejercida directamente por pueblos indígenas y comunidades locales, según corresponda a cada territorio.
También interpela a los actores privados, cada vez más presentes en la conservación. Su aporte es valioso, pero proteger la naturaleza no puede significar desconocer derechos ni relaciones territoriales preexistentes. La conservación privada no puede reproducir las vulneraciones de derechos que marcaron parte de la historia de las áreas protegidas estatales.
Este lunes 19 de octubre comenzó en Armenia la conferencia mundial sobre biodiversidad COP17. Los países examinarán los avances en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en 2022 para enfrentar la pérdida de biodiversidad.
Su compromiso más conocido es la llamada meta 30x30, una de las 23 metas del acuerdo, que busca conservar al menos el 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas al 2030. Pero no se trata simplemente de sumar hectáreas. La meta también reconoce los territorios indígenas y tradicionales, exige una gobernanza equitativa y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El desafío va mucho más allá de ampliar las áreas protegidas. El marco también plantea la necesidad de abordar las causas de la pérdida de biodiversidad, entre ellas las presiones derivadas de las actividades extractivas y los modelos de producción y consumo. De poco servirá proteger más territorio si seguimos permitiendo las actividades que degradan los ecosistemas.
Su visión para 2050 es aún más ambiciosa: vivir en armonía con la naturaleza. Esto nos invita a pensar no solo cuánto territorio protegemos, sino cómo entendemos nuestra relación con ella. Tenemos mucho que aprender de las diversas formas en que los pueblos indígenas comprenden y se relacionan con la naturaleza, especialmente aquellas basadas en la interdependencia, el respeto y la reciprocidad. No se trata de idealizar, sino de cuestionar la idea de que estamos separados de la naturaleza y conservarla consiste simplemente en protegerla de nosotros mismos.
A 100 años de las primeras áreas protegidas, hay razones para celebrar, pero también una historia que revisar y deudas que reparar. El mayor desafío no está solo en cuánto más podemos proteger, sino en cuánto estamos dispuestos a cambiar: nuestra relación con la naturaleza y con los pueblos indígenas. No habrá verdadera armonía mientras sigamos reproduciendo injusticias en nombre de la conservación.