Ley 21.362: ¿Un disparo en los pies?
Cada vez que alguien elige en el supermercado un producto libre de gluten, parece un simple acto de consumo. No lo es. Para miles de personas celíacas -y para quienes viven con alergias e intolerancias alimentarias- esa elección no es de marca: es de acceso a tratamiento. La enfermedad celíaca no se cura con medicamentos, vacunas ni cirugías. Su único tratamiento eficaz es una dieta libre de gluten estricta, permanente y segura, cuyo contenido de gluten cumpla la normativa nacional y tenga buena calidad nutricional. La comida es, literalmente, su medicina. Y como toda medicina, necesita estar disponible, ser continua y ser segura.
Chile dio un paso histórico con la Ley 21.362, que exigió identificar con claridad los alimentos libres de gluten y entregó mayor autonomía a miles de familias. La comunidad celíaca lo valoró como un gran avance. Hoy, sin embargo, ese avance se enfrenta a su propia contradicción: el artículo 9 bis obliga a vender estos productos en góndolas exclusivas, bajo la premisa de dar más seguridad al consumidor. La intención es correcta. El problema es que la realidad del mercado chileno no permite cumplirla.
Estos alimentos existen porque hay empresas que llevan años invirtiendo en procesos rigurosos para evitar la contaminación cruzada: control de materias primas, instalaciones, transporte y personal, bajo estándares que pocas categorías alimentarias exigen. Ese esfuerzo tiene un costo, y solo se sostiene si los productos se venden. Concentrar una oferta ya reducida en un espacio de menor circulación tiene un resultado previsible: disminuyen las ventas, con ello, el interés de las empresas por mantener sus certificaciones, seguir innovando y sostener el logo en sus envases. Menos empresas significan menos alimentos disponibles y menor posibilidad de tratamiento. Y ahí el problema deja de ser comercial: se convierte en un problema de seguridad alimentaria. Porque una góndola exclusiva no protege a nadie si termina vacía.
El debate no debe concentrarse en dónde se ubica un alimento libre de gluten, sino que éste exista. Que esté disponible en todas las regiones del país. Que haya variedad. Que los precios no sigan subiendo. Que las familias no tengan que recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan. Que la fiscalización exija, simplemente, el cumplimiento del Reglamento Sanitario de los Alimentos. En otras palabras: que el tratamiento siga existiendo y siendo aplicable.
La preocupación de las empresas certificadas no es solo económica -en un mercado aún incipiente-, su sustentabilidad comercial y el acceso de los pacientes a su tratamiento son dos caras de la misma moneda.
La discusión sobre los cambios a la ley avanzó de forma repentina, sin escuchar a quienes viven a diario el desafío de mantener una dieta libre de gluten. Pero recientemente eso cambió; hace pocos días nos reunimos con representantes de la industria, pacientes celíacos, autoridades del Ministerio de Salud y la propia ministra, y acordamos buscar alternativas que resuelvan el problema sin eliminar regulaciones ni bajar los estándares. El ánimo de Coacel y de los participantes en la mesa de trabajo es buscar que la ley 21.362 fortalezca la seguridad alimentaria con evidencia, diálogo y respeto por el funcionamiento de la cadena productiva y que esta normativa no termine debilitada por su propio reglamento.