Ley de Fármacos II: Cuando la solución se convierte en un nuevo problema para los pacientes
Por una ley bien hecha y que beneficie a las personas, las asociaciones gremiales de farmacias independientes, en su conjunto, rechazaron la decisión del Gobierno de aplicar discusión inmediata a la Ley de Fármacos II, justo cuando se conocen nuevos antecedentes del caso Martones. El Ministerio Público investiga pagos por más de $343 millones recibidos por la abogada Andrea Martones durante el periodo de tramitación de la ley, desde al menos 11 laboratorios, a través de su sociedad Martones Spa.
Que un proyecto tan sensible avance bajo este nivel de cuestionamiento resulta extremadamente delicado. Más aún cuando, en su contenido, la ley establece un mecanismo de regulación de precios que no toca a los laboratorios -que fijan los precios más altos de la región- y que podría generar efectos contrarios a los que pretende resolver.
Una de las amenazas más graves es la desaparición de medicamentos de bajo costo. La experiencia con la Ley de Fármacos I demuestra que, al reducir los márgenes de ganancia, algunos laboratorios dejan de producir medicamentos genéricos económicos, considerándolos financieramente inviables. Esto conlleva una pérdida real de acceso para la población más vulnerable.
Es esperable que provoque un incremento en el precio de medicamentos económicos. Las restricciones impuestas podrían llevar a los laboratorios a aumentar los precios de genéricos y bioequivalentes, justamente aquellos productos que más necesita la ciudadanía. En lugar de beneficiar al consumidor, el efecto sería el contrario.
Una regulación mal calibrada puede desincentivar la entrada de nuevos actores, limitando la oferta y diversidad de medicamentos disponibles. Menos competencia a futuro significa menor innovación, menor cobertura y, potencialmente, precios más altos. Riesgo de desabastecimiento si los precios regulados no cubren los costos logísticos y de producción, los proveedores podrían retirarse del mercado en determinadas categorías o regiones, generando escasez de medicamentos clave, especialmente para quienes dependen de tratamientos crónicos.
Por todo lo anterior, desde el mundo gremial de la dispensación farmacéutica se insiste en que esta ley debe ser reabierta y corregida antes de su votación. El acceso a los medicamentos no se puede proteger con medidas que terminen eliminando alternativas económicas, restringiendo la competencia y dejando zonas sin cobertura farmacéutica real.
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