Migración, seguridad y salud: un error de diagnóstico
Chile vuelve a un viejo debate: ¿Es la salud un bien social que nos pertenece a todos o un asunto individual que puede restringirse? Entre 1882 y 1886, el Congreso discutió la vacunación obligatoria contra la viruela, enfrentándose dos visiones: la que defendía la inmunización como condición del orden social y la que la consideraba una intromisión en el individuo.
Actualmente, justificándose en el temor de la población ante la crisis migratoria o de seguridad, ha surgido una iniciativa para restringir el acceso de la población migrante a los servicios de salud y para elevar a rango constitucional la facultad de limitar a algunas personas privadas de libertad sus derechos a la salud. Ambas comparten una mirada individual que la evidencia científica desmiente hace más de un siglo.
La epidemiología es clara al respecto. Una persona sin atención oportuna -ya sea por situación socioeconómica, exclusión legal, reclusión o cualquier barrera- no deja de ser parte del tejido epidemiológico de un país. Por el contrario, sigue siendo un foco potencial de transmisión que genera un riesgo que, tarde o temprano, llega a la urgencia pública, y permanece como parte del cálculo de la inmunidad colectiva que protege a las personas.
A esta razón médica se suma una razón económica igualmente contundente: la atención tardía de un cuadro que pudo resolverse a tiempo se traduce en un mayor gasto (en camas críticas, insumos y horas profesionales), que termina siendo financiado y soportado por el conjunto del sistema. Como advirtió el médico y patólogo alemán, Rudolf Virchow hace más de un siglo y medio, la medicina es una ciencia social y las condiciones de vida de unos determinan el bienestar de todos. Esta concepción, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a comprender la salud como un derecho humano fundamental.
Esto no significa negar la legitimidad de regular los flujos migratorios ni de sancionar severamente el crimen organizad, sino distinguir con precisión técnica entre hacer cumplir la ley -tarea propia de la Justicia- y restringir el derecho de acceso a la salud, cuyo costo epidemiológico y económico no se queda encerrado tras una reja ni se detiene en una frontera administrativa.
La ciencia lleva décadas repitiéndolo sin ambigüedades: nadie se salva por sí solo. Aceptar esa evidencia, más que una posición ideológica, es una condición de supervivencia colectiva.