Presupuesto proempleo: la salud también juega
Chile acumula 43 meses con desempleo por sobre 8% y cerca de un millón de personas buscando trabajo, y el cuadro sigue deteriorándose. El Presupuesto 2027 ya se discute bajo esa lógica. Jorge Rodríguez, desde el CEP, plantea que con un gasto que crecerá a lo más 2% y más del 80% comprometido por ley, la única palanca real es cambiar la composición del gasto y priorizar el empleo. Desde el Observatorio de Políticas Económicas (OPES) se advierte, por su parte, que el ajuste de este año, concentrado en la inversión pública, ya costó del orden de 20 mil empleos. Comparto ambos diagnósticos. En esa discusión, el sector salud puede hacer dos aportes concretos, uno a la productividad del trabajo que ya existe y otro a la creación de empleo.
El primero consiste en devolverle a la gente su capacidad de trabajar, es decir, poner el foco en los tiempos de espera. No crea nuevos puestos de trabajo, pero cada día de licencia evitado es un día de trabajo recuperado, y en una economía que no crece, eso vale tanto como un empleo adicional. Al segundo trimestre de 2026 hay 475.553 personas esperando una cirugía no GES, con una mediana de espera de 277 días. En 2025 se emitieron 7 millones de licencias médicas, 84% a personas de Fonasa, y entre enfermedades musculoesqueléticas y salud mental se explica casi la mitad. Un trabajador que espera nueve meses por una prótesis de rodilla pasa buena parte de ese tiempo con licencia. El fisco paga el subsidio, a un promedio de 31 mil pesos diarios en Fonasa, y paga además las cotizaciones de pensión de ese trabajador mientras dura la licencia. El país, por su parte, pierde la producción y el impuesto que su trabajo habría generado.
Ya existe un instrumento para actuar en esto: el Sistema de Acceso Priorizado de la ley 21.736, que permite a Fonasa derivar a prestadores privados a pacientes de la lista de espera. Este año prioriza prótesis de rodilla y de cadera, y entre sus criterios ya figuran, junto a la urgencia clínica, el tiempo de espera y los días de licencia médica. Ese último criterio reconoce algo evidente: quien espera con licencia pierde ingresos, arriesga su empleo y sigue deteriorándose mientras espera. Lo que falta es tomarlo en serio, cruzando la lista de espera con los registros de la Compin y la Suseso para que nadie quede meses con licencia esperando una operación que ya está financiada, extenderlo a otros diagnósticos con la misma lógica, y medir el resultado también en retorno al trabajo. Una prótesis cuesta del orden de 6 millones de pesos, una cifra cercana a lo que el fisco gasta en medio año de licencia. Adelantar la cirugía no es un gasto nuevo, es el mismo dinero público cambiando de bolsillo, con la diferencia de que uno devuelve a la persona a su vida y el otro no.
El segundo aporte tiene que ver con la inversión, y ahí el sector salud es hoy parte del problema. La infraestructura de salud es la porción de la inversión pública que más empleo genera en regiones, y también la que más se ha recortado. A julio, el gasto de capital de la Partida 16 cae 28,5% real, la mayor caída entre los ministerios, con una ejecución de apenas 32% del presupuesto vigente. El ajuste fiscal le restó 152 mil millones de pesos, casi 14% de su presupuesto inicial de capital, el segundo recorte más grande después de Obras Públicas. Aplicando los coeficientes de empleo que usa OPES, eso equivale a unos cinco mil puestos de trabajo menos en 2026, concentrados en construcción regional.
El recorte no lo explica todo. Tres servicios de salud no han ejecutado un peso de inversión, y nueve están bajo 15%. Ninguno de los 28 decretos que modificaron el presupuesto de salud entre julio y agosto agregó recursos a inversión; los que la tocaron solo redistribuyeron el fondo central hacia proyectos de los servicios. Es exactamente la lógica que critica Rodríguez: la inversión opera como caja chica para tapar déficits recurrentes de gasto corriente, y luego se le reprocha no ejecutarse. Su propuesta de limitar por ley esas reasignaciones intraanuales debiera encontrar en el sector salud a su primer aliado, porque es quien más pierde con la práctica actual. A cambio, el sector debe hacerse cargo de lo que le corresponde: formular y ejecutar mejor una cartera que hoy no se mueve ni cuando cuenta con los recursos.
Nada de esto elimina la estrechez de 2027, año en que la Partida 16 disputará un margen pequeño con seguridad y con empleo. Si gobernar es priorizar, eso también rige dentro de la salud. A julio, los hospitales financiados por GRD ya habían gastado 71% de su presupuesto anual, la ley Ricarte Soto estaba agotada, la libre elección se agota en octubre, y el propio Ministerio reconoció ante la Comisión Mixta que necesita cerca de 2,3 billones adicionales para cerrar el año. Pagar lo que ya se debe viene antes que prometer lo nuevo, lo que deja poco espacio para incorporar todos los cánceres al GES o para el crédito tributario por enfermedades catastróficas mientras ninguno de los dos tenga un costo conocido.
Un presupuesto proempleo en salud no significa más dotación. Significa devolverle a las personas la capacidad de trabajar, y dejar que la inversión en salud haga lo que la inversión pública hace mejor: crear empleo donde más se necesita.