Salud mental en “pobreza monetaria y multidimensional”
El 10 de octubre celebramos el día mundial de la salud mental. En nuestro país, sólo el 2,3% del presupuesto de salud pública es destinado al área y aquellos países que han logrado mejores resultados en esta materia invierten cifras superiores al 8 o 9%, que surgen a propósito de recomendaciones de organismos como la OMS. Entonces, ¿por qué la inversión presupuestaria en salud mental es tan baja respecto de otros países con per-cápita similares al nuestro?
Podríamos sentirnos satisfechos ya que desde la década de los 90,hemos avanzado comparativamente respecto de otros países de la región, principalmente con el Plan Nacional de Salud Mental que con tanto vigor fue implementado en la década del 2000, y con la construcción de nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental.
Sin embargo, la bajísima inversión de un 2,3% es difícil de entender cuando son variados y contundentes los indicadores que alertan respecto a que los trastornos de salud mental se están convirtiendo en un importante problema de salud pública en nuestro país. Por ejemplo, el aumento significativo de las licencias médicas por esta causa en los últimos 10 años con cifras cercanas al 7% de la población; las tasas de envejecimiento y el incremento de las enfermedades crónicas de los chilenos, muchas de ellas asociadas a enfermedades mentales.
Además, diversos estudios a nivel mundial demuestran la relación directa que existe entre la condición de vida de las personas y los trastornos mentales y, por consiguiente, la asociación poco virtuosa entre una mala o inadecuada salud mental y las personas que viven en situación de pobreza. Tal vez esta es la expresión más cruda de la desigualdad en nuestra sociedad, la que hasta ahora ha sido tímidamente abordada por las políticas públicas en Chile.
¿Por qué hemos hecho caso omiso a todas las recomendaciones de organismos internacionales respecto de este tema?
Algunas posibles respuestas, se relacionan con la falta de voluntad política, tanto pública como privada, para destinar mayores recursos e impulsar una legislación ad-hoc, entendiéndola desde una lógica de inversión y no sólo de gasto.
Otra posible respuesta puede relacionarse con la alta estigmatización que generan los diagnósticos de salud mental, muchas veces situando a las personas como “desechables” por su improductividad y bajo aporte a la sociedad.
La escasa conciencia de nuestra sociedad en torno al tema y la poca relevancia evidenciada en nuestro estilo de vida cada vez más competitivo e individualista, nos deja en un escenario altamente complejo, porque los trastornos mentales impactan no sólo en la vida de las personas y sus familias, sino también afectan el desarrollo de un país, convirtiéndose en una de las mayores causas de discapacidad en el mundo.
Por otra parte, las personas y familias más pobres, que por su situación se ven enfrentadas a más dificultades de vida, tienen mayor riesgo de padecer un trastorno mental y de carecer de un acceso apropiado a tratamientos y apoyos oportunos y de calidad.
La prevalencia entre discapacidad mental y pobreza no es azarosa, ya que esta última representa un factor adicional de vulnerabilidad que aumenta el riesgo de exclusión social tanto de las personas con discapacidad mental, como de sus familias.
Concretamente en Chile, existen más de 240 mil personas con discapacidad mental, psíquica y/o intelectual, de las cuales el 40% se encuentra en situación de pobreza monetaria y/o multidimensional. Lo anterior, se traduce en mayores dificultades de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, de apoyo social y redes, generando en ellos una importante situación de aislamiento.
No es casual que el Banco Mundial tenga dentro de sus objetivos el fomento del desarrollo económico de los países y el combate a la pobreza, trabajando para instalar en las autoridades económicas y de salud de los países, la salud mental como tema relevante en la agenda del desarrollo, al nivel que sea considerado prioridad de Estado.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer un nuevo estudio donde por primera vez estiman los beneficios tanto sanitarios como económicos de la inversión en el tratamiento de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, las más frecuentes a nivel mundial. El estudio concluye que cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento de estas enfermedades, rinde un 400% en la mejora de la salud de las personas y su capacidad de trabajo, además de otros beneficios asociados.
La evidencia respecto de los beneficios transversales de la inversión en esta materia es contundente, entonces, el llamado a nuestras autoridades es a la implementación de una política pública robusta, que sea pertinente y sustentable en el tiempo.
Una inversión de recursos que destine al menos el 5% del presupuesto de salud pública a la salud mental, para de esta forma financiar servicios de prevención, promoción y tratamiento, desde una perspectiva de derechos que mejore la calidad de vida de las personas y sus familias, principalmente de los más pobres en nuestro país.
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