Discapacidad en la papeleta: lo que proponen Jara y Kast
A poco menos de 2 meses para que se realice la elección presidencial en nuestro país, se torna relevante conocer las propuestas de cada candidato. Para las personas vinculadas a la discapacidad, no puede pasar desapercibido lo que se propone en favor de la más grande de las minorías en Chile. Jara y Kast, quienes lideran la carrera presidencial, han incorporado distintas iniciativas en su programa de gobierno, que se relacionan con la discapacidad.
La candidata Jara dispuso 4 medidas principales. Éstas dicen relación con fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, contar con salas de rehabilitación para niños del espectro autista, fortalecer la educación especial e implementar centros de recursos para apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
El candidato Kast plantea cinco ámbitos que están enraizados en la entrega de apoyos para la disminución de las barreras del entorno y de las cargas burocráticas. Estos ámbitos son educación, trabajo, rehabilitación y apoyo terapéutico, simplificación en el acceso a prestaciones de salud y trámites o solicitudes ante el Estado, la inclusión en los ámbitos culturales, recreativos y deportivos.
Más allá de la enumeración de medidas, es necesario detenerse a analizar el enfoque que subyace a cada propuesta y cómo estas conectan con las personas en situación de discapacidad, sus familias y quienes ejercen labores de cuidado.
En el caso de Jara, su programa parece centrarse en dar continuidad a políticas ya existentes, con novedades en la niñez, el autismo y la educación. No deja de llamar la atención, la poca dedicación a temas de derechos humanos vinculados con la Discapacidad, lo cual, ha sido criticado por distintos actores. Por su parte, Kast apuesta por una agenda más amplia y diversa que aborda distintos ámbitos del ciclo vital y dimensiones importantes de la calidad de vida, basándose en la eliminación de las barreras que inciden negativamente en la discapacidad, comprometiendo menos burocracia y mejor gestión del Estado.
De esta forma, también se evidencia una perspectiva de cambio estructural, distanciado de los aspectos funcionales de la discapacidad y por ende, orientado a fortalecer las acciones que el sector público debe implementar para generar una real inclusión.
De aquí a la elección, las personas en situación de discapacidad, sus familias y quienes ejercen labores de cuidado tienen la oportunidad y la responsabilidad de exigir precisiones, compromisos claros y plazos reales. No basta con buenas intenciones: lo que está en juego es la calidad de vida de cientos de miles de chilenos y chilenas que esperan que la política los incluya de manera plena.
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