El derecho a la vida y a la inclusión

Matías Poblete

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Para un sector acotado de nuestra sociedad, el aborto libre ha sido una lucha que forzadamente se pretende relacionar con la autonomía y los derechos de las mujeres. En Chile, en estos momentos la interrupción del embarazo es legal bajo tres causales específicas. Sin embargo, las discusiones actuales apuntan al aborto libre. En este contexto, algunas autoridades han mencionado que en ciertas condiciones el aborto es un derecho legítimo de la mujer. Cabe preguntarse entonces ¿es la condición del feto una razón para interrumpir un embarazo?

Esta interrogante nos debe hacer reflexionar en la postura de varios países, principalmente europeos, donde las mujeres escogen el aborto en casos de diagnósticos como el síndrome de Down. Lo que abre un debate sobre un desafío ético y social que merece una reflexión profunda.

Una política pública para estos efectos podría ocasionar un preocupante doble discurso: Por un lado, se promueve la inclusión como valor social, pero por otro, se permite limitar la existencia de personas con discapacidad, evidenciándose la permanencia del cuestionado modelo de la prescindencia, asemejándose a la antigua cultura griega que permitía y validaba que quienes nacían con alguna condición considerada por ellos anormal, pudiese ser asesinado arrojándolo por el borde de un acantilado.

Dejar abierta la puerta para que el diagnóstico prenatal sea un criterio para decidir sobre la vida de un bebé con discapacidad, no solo refuerza esta visión discriminatoria, sino que también invisibiliza los derechos y aportes que las personas con discapacidad hacen a nuestra sociedad.

Países como Bélgica, España, Suecia, Turquía y Polonia han sido el centro de intensos debates sobre el aborto asociado a discapacidad. Respecto a Bélgica, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha manifestado su preocupación por las elevadas tasas de interrupciones selectivas tras diagnósticos prenatales. En España, organizaciones como Down España han denunciado que estas prácticas perpetúan la discriminación hacia las personas con discapacidad. Suecia y Turquía han recibido advertencias sobre actitudes y procedimientos que refuerzan prejuicios, mientras que Polonia ha adoptado una postura firme al prohibir el aborto eugenésico.

No cabe duda, de que una política pública de esta naturaleza responde a motivaciones ideológicas. Sin embargo, cuando los gobiernos priorizan sus ideologías por sobre las necesidades reales de la sociedad, no solo se pierde el rumbo, sino que se agravan las desigualdades. Una sociedad que aspira a ser verdaderamente inclusiva no puede ignorar el valor intrínseco de cada vida ni permitir que decisiones basadas en prejuicios limiten el derecho a existir.