El desafío pendiente: Conciliación para todos y todas

María José Escudero

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Sin duda, la promulgación de la ley 21.645 de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral prometía un avance significativo en la calidad de vida de las personas trabajadoras del país. Sin embargo, a un año de este hito, el balance no ha cumplido con las expectativas, dejando una realidad agridulce que evidencia múltiples desafíos por resolver para quienes compartimos este territorio.

La posibilidad de realizar trabajo a distancia o hacer coincidir el uso del feriado legal en la época de las vacaciones escolares ha representado un alivio para muchas familias del sector privado, especialmente para quienes cumplen un doble rol como personas trabajadoras y cuidadoras. No obstante, aún persisten desafíos en el sector público y vacíos legales que la ley no aborda, como la necesidad de mayor fiscalización, capacitación y medidas que impulsen una transformación cultural hacia la equidad y la superación de roles y estereotipos de género.

Hoy, un desafío clave de la ley de Conciliación es garantizar que más personas cuidadoras puedan acceder al mercado del trabajo, para lo cual es fundamental abordar las brechas educacionales y laborales que el tiempo dedicado a los cuidados ha dejado en sus trayectorias profesionales. Esto implica implementar estrategias efectivas de nivelación, acompañamiento e intermediación laboral que no solo faciliten su reintegración, sino que también aseguren su permanencia y desarrollo en el tiempo, promoviendo una inclusión laboral equitativa y sostenible.

No obstante los avances, la extensión de estos beneficios al sector público sigue siendo una deuda pendiente. El Ejecutivo se comprometió a resolver esta desigualdad en un plazo acotado, pero a un año de estos acuerdos, no se observan avances reales. La situación es alarmante, pues la propuesta de ley de Reajuste 2025 no solo no cumple con la homologación prometida, sino que además impone condiciones rígidas para el sector público, alejándose de lo establecido en la ley de Conciliación y representando un retroceso en las condiciones laborales de miles de personas funcionarias públicas.

Es crucial que el Gobierno reconsidere su postura y cumpla con su compromiso de homologar la ley de Conciliación para el sector público. No hacerlo no sólo perpetúa una injusticia laboral y configura una discriminación que va en contra del principio de igualdad establecido en nuestra Constitución, sino que también desatiende las necesidades de conciliación de miles de familias chilenas que dependen del trabajo público. Esta situación no es nueva, ya que se repite de manera similar con la ley de las 40 horas, que solo se estableció para el sector privado.

Pero lo más urgente, es que el Ejecutivo honre su palabra y trabaje en una normativa universal que no discrimine a quienes deben cuidar y trabajar, independientemente de su tipo de contrato o lugar de desempeño laboral. Solo así podremos hablar de un verdadero avance en la protección y bienestar de todas las familias, más ahora comenzando época de vacaciones donde sólo un sector de nuestro país podrá resolverlo de mejor manera con sus hijos(as) a cargo. Es decir, desde la otra vereda, un año más en estas celebraciones un miles de familias seguirán con angustia e incertidumbre por el inexistente apoyo para ejercer el derecho a conciliar.