Envejecimiento digno, activo y saludable, ¿cuándo?
De acuerdo a los resultados del Censo 2024, el 14% de la población de nuestro país tiene 65 años o más, cifra que implica un crecimiento respecto a la medición anterior (11,4% en 2017) y representa un importante salto en relación al porcentaje observado en 2002 (8,1%). Pero hay más. El Censo 2024 también muestra que el 11,6% de los hogares están compuestos exclusivamente por personas de 65 años o más. Y nuestro Índice de Envejecimiento -esto es la cantidad de personas de 65 años o más que hay por cada 100 personas menores de 15 años-, pasó de 31,3 en 2002 a 79 en 2024.
La población de nuestro país envejece a un ritmo acelerado y nuestra discusión de política pública se sigue quedando peligrosamente atrás. A la velocidad con la que estamos avanzando, es probable que nos explote en la cara una nueva crisis.
El año pasado se logró aprobar una reforma previsional que estuvo más de 10 años en debate. En el espacio de las campañas presidenciales se ha puesto en entredicho una parte fundamental del acuerdo, generando un espacio de incertidumbre respecto a las pensiones que recibirán las personas mayores.
El Ejecutivo ha impulsado un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados sumamente necesario para dotar de institucionalidad y financiamiento estable a esta oferta programática. Lo cierto es que la propuesta sigue tramitándose en el Congreso y, en cualquier escenario, sabemos que los recursos comprometidos son insuficientes para cubrir las crecientes necesidades que implica el envejecimiento poblacional.
Quizás el mejor reflejo de la poca prioridad de este tema para la política pública es que, desde hace 5 años se tramita en el Congreso la "Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable". Es un proyecto que establece las obligaciones del Estado para dar cumplimiento a los derechos que han sido acordados en tratados internacionales; que fija procedimientos y obligaciones para su acceso a la justicia; y que entrega facultades al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para fortalecer la institucionalidad en el nivel, entre otras importantes medidas.
A pesar de que el proyecto ya fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, hace varias semanas se encuentra en tercer trámite legislativo, esperando la ratificación de los senadores para que se transforme en ley. Cada paso de este proyecto ha sido impulsado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta población y que, lamentablemente, parecen ser las únicas interesadas en su promulgación.
Ya envejecimos, pero nuestra respuesta es lenta para la urgencia del tema. Por eso, como sociedad civil, proponemos agilizar la marcha y generar nuevos servicios que logren mayor cobertura en el apoyo y cuidado de las personas mayores. Aquí sí que estamos contra el tiempo.
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